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The Voice
Lahore (Agencia Fides) – El caso del linchamiento de los esposos cristianos Shama y Shahzad Masih, una tragedia vinculada a la violencia desencadenada tras unas acusaciones de blasfemia y que concluyó en los últimos días con la absolución de los tres últimos imputados, “representa un capítulo significativo de la historia judicial de Pakistán, poniendo de manifiesto las dificultades para perseguir la violencia de las masas”: así lo declara a la Agencia Fides la abogada pakistaní Aneeqa Maria Anthony, directora de la ONG pakistaní “The Voice”, que durante más de una década ha seguido el caso junto a la familia de las víctimas.
El pasado 9 de julio, la Corte Suprema de Pakistán anuló las condenas a muerte impuestas a los tres últimos acusados (véase Fides 17/7/2026), al constatar graves contradicciones en los testimonios, discrepancias entre las declaraciones de los testigos y el informe policial, así como la insuficiencia de las pruebas presentadas. Los jueces reafirmaron que, incluso en los casos más graves, el principio del “debido proceso” exige que una condena se base en pruebas ciertas y coherentes.
El caso se remonta al 4 de noviembre de 2014, cuando Shama y Shahzad Masih, un joven matrimonio cristiano que trabajaba en una fábrica de ladrillos de Kot Radha Kishan, en el distrito de Kasur (Punjab), fueron acusados, sin ninguna prueba, de haber profanado páginas del Corán. Una multitud enfurecida los agredió, los golpeó y los arrojó vivos al horno de la fábrica. Shama estaba embarazada de cinco meses. El doble asesinato provocó indignación en el país y en la comunidad internacional, convirtiéndose en uno de los símbolos de la vulnerabilidad de las minorías religiosas en Pakistán frente a las acusaciones de blasfemia y la violencia colectiva.
La ONG “The Voice” acompañó a Mukhtar Masih, padre de Shama, durante el largo proceso judicial contra los responsables del linchamiento: “Representamos a la familia durante todo el procedimiento, protegiendo los intereses de los niños y apoyando la acción penal”, explica Aneeqa Maria Anthony.
En noviembre de 2016, el Tribunal Antiterrorista dictó una sentencia considerada histórica, condenando a cinco acusados a la pena de muerte y a otros ocho a penas de prisión, mientras que más de 90 personas fueron absueltas por falta de pruebas. Sin embargo, en los años posteriores, el caso acusatorio se fue debilitando progresivamente: “No teníamos ningún control sobre los testigos de la acusación”, recuerda la abogada. “Muchos de los principales testigos eran familiares de las víctimas y, durante el juicio, modificaron sus declaraciones, comprometiendo la solidez de las pruebas”.
Para Aneeqa Maria Anthony, el resultado del proceso no anula el valor de la larga batalla judicial: “El caso sigue representando un capítulo significativo de la historia judicial de Pakistán, poniendo de relieve las enormes dificultades para perseguir penalmente la violencia de las masas”, afirma. “Al mismo tiempo –continúa– reafirma algunos principios fundamentales del Estado de derecho: el debido proceso, la presunción de inocencia y la necesidad de que toda condena esté respaldada por pruebas creíbles y fiables”.
El caso de Shama y Shahzad Masih continúa siendo recordado por las Iglesias cristianas y las organizaciones de defensa de los derechos humanos como “uno de los casos emblemáticos de los abusos vinculados a las acusaciones de blasfemia”. En Pakistán, señalan desde hace años los líderes cristianos, incluso acusaciones infundadas pueden transformarse rápidamente en episodios de violencia colectiva, alimentados por un clima de impunidad y por el extremismo religioso. Por ello, más allá del resultado judicial, concluye la abogada Anthony, “el caso de Kot Radha Kishan sigue siendo una herida abierta en la conciencia del país y una prueba para la protección de la libertad religiosa, la justicia y los derechos de las minorías”.
(PA) (Agencia Fides 29/7/2026)
