ASIA/MYANMAR - Escalada del conflicto civil, restricciones a la ayuda humanitaria y refugio en monasterios budistas

Yangon (Agencia Fides) - Desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 14 de diciembre de 2022, en 2.130 días de conflicto civil en Myanmar, los enfrentamientos - que también han incluido 232 ataques aéreos llevados a cabo por el ejército birmano - han producido un total de 1,132 millones de desplazados internos entre la población birmana, en varios estados y entre diferentes grupos étnicos. Se han celebrado 58 reuniones, en distintos lugares y con diferentes interlocutores, para negociar un alto el fuego o el inicio de negociaciones serias, con escasos resultados. Estas son las cifras publicadas por el "Myanmar Peace Monitor", dirigido por quince periódicos birmanos independientes, unidos en la red "Burma News International".
Según los informes, el conflicto civil en Myanmar se agrava día a día, ya que continúan la violencia y las represalias del ejército birmano contra la población civil. En los últimos días se han encontrado en Mandalay, en el centro de Myanmar, los cadáveres de seis civiles de entre 20 y 43 años, que trabajaban en un taller local de reparación de motocicletas, con señales de tortura y las manos atadas a la espalda y degollados. Los habitantes de la aldea de Ywar Thit, en la región de Mandalay, que encontraron los cadáveres han indicado a los soldados como responsables de la masacre.
“Las víctimas eran civiles inocentes que trabajaban en un taller. Simples aldeanos, que no participaban en ninguna actividad política. Las tropas del Tatmadaw los mataron cruelmente tal vez para extorsionarles información sobre las Fuerzas de Defensa Popular”, señala una fuente local de Fides que pide el anonimato por razones de seguridad. “Los soldados están infundiendo terror en la población con la intención de agotar y aplastar la resistencia popular”, señala.
Entre las medidas tomadas para reprimir cualquier posible ayuda a las fuerzas populares, la junta de Myanmar ha prohibido a los monasterios budistas de la región de Yangón aceptar huéspedes que pernocten, a menos que las autoridades militares hayan concedido permiso. El motivo de la medida, según se informa, es reducir la delincuencia, pero los monjes la califican de “insulto deliberado a su religión”. El Consejo "Sangha Maha Nayaka" de la región de Yangón, que supervisa al clero budista en Yangón, ha tenido que tomar nota a su pesar y anunciar que los monasterios ya no podrán acoger a personas necesitadas que busquen refugio por la noche.
Mientras tanto, continúa la prohibición de viajar impuesta a las ONG nacionales e internacionales, a pesar del alto el fuego alcanzado en el estado de Rakhine el 26 de noviembre. Aquí, el ejército lleva más de seis meses impidiendo la ayuda humanitaria a los desplazados. En los últimos días, la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado que su equipo en el estado de Rakhine no puede prestar asistencia sanitaria debido a las restricciones impuestas por la Junta de Myanmar.
La nueva ley de ONG, promulgada por el régimen el 28 de octubre, exige un registro especial de las organizaciones, por motivos políticos y de seguridad, ya que de lo contrario no se les permitirá realizar labores de asistencia. Varios grupos locales tienen la intención de boicotear la nueva ley, pero esto podría impedir su capacidad para responder a la crisis humanitaria. Dirigir una organización no registrada, según la nueva medida, puede acarrear una pena de prisión de hasta tres años, mientras que los miembros de una ONG no registrada pueden ser multados con hasta 500.000 kyat (unos 300 euros) y, si se niegan a pagar, encarcelados hasta dos años. Se ha dado un plazo de 60 días a las organizaciones para registrarse en el Ministerio del Interior, es decir, hasta finales de diciembre.
Entre las organizaciones birmanas, la "Mandalay CSO Network" ha anunciado que no respetará la nueva ley, lo que probablemente supondrá la suspensión de las operaciones de ayuda.
En su informe "Denied and Deprived", publicado en junio de 2022, el "Karen Human Rights Group" ya denunció hace seis meses la grave degradación de la ayuda humanitaria y la terrible crisis que afecta a la comunidad civil. Muchos de ellos huyen a la frontera tailandesa en busca de refugio, pero la mayoría, obligados a permanecer dentro de sus fronteras, son víctimas de enfrentamientos armados, ataques aéreos y otras formas de violencia, como la privación premeditada de ayuda humanitaria.
Según la Asociación de Ayuda a Presos Políticos, las tropas de la Junta han matado al menos a 2.604 civiles y detenido a más de 16.500 en los 22 meses transcurridos desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, principalmente durante manifestaciones pacíficas.
(PA) (Agencia Fides 16/12/2022)

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