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Ankara (Agencia Fides) - Las fundaciones turcas vinculadas a comunidades religiosas no musulmanas cuentan con un nuevo reglamento electoral con el que deberán acometer la renovación de sus respectivos órganos administrativos y así reiniciar a toda velocidad las actividades e iniciativas que les encomiende el sistema institucional nacional. La publicación de las nuevas normas pone fin a un largo periodo de estancamiento e incertidumbre legislativa que en los últimos años ha condicionado, y en parte dificultado, el normal desempeño de las funciones que desarrollan estos órganos en beneficio de las comunidades no musulmanas de Turquía.
Al mismo tiempo, las nuevas regulaciones suscitaron comentarios críticos entre conocidos exponentes de las comunidades religiosas minoritarias locales. El texto de las nuevas reglas para la elección de los órganos administrativos de las Fundaciones se publicó en el Boletín Oficial de Turquía el sábado 18 de junio. El sistema de “Fundaciones” es el instrumento legal con el que los aparatos políticos turcos regulan realmente sus relaciones institucionales con las comunidades religiosas no musulmanas. La Dirección Nacional de Fundaciones se refiere actualmente a 167 Fundaciones vinculadas a las comunidades griega ortodoxa, armenia, judía, siríaca, caldea, búlgara, georgiana y maronita presentes en Turquía, generalmente definidas como “minorías”. En Turquía, la gestión de las fundaciones de las minorías afecta de cerca la vida de las comunidades cristianas y judías locales. De hecho, estos organismos tienen encomendada la gestión de lugares de culto (iglesias y sinagogas), bienes inmuebles e instituciones públicas, -como centros culturales y hospitales-, relacionados con las distintas comunidades no musulmanas.
El proceso para la redacción de un nuevo reglamento, relativo sobre todo a las elecciones para la asignación de cargos dentro de las Fundaciones, se ha acelerado en los últimos años después de un largo período de estancamiento (ver Fides 27/1/2022). El anterior reglamento electoral para los líderes de las Fundaciones, como ya informó Fides, había sido suspendido en 2013 después de que el gobierno se comprometiera a establecer nuevos procedimientos y justificase la medida con la intención declarada de querer hacer más funcional y transparente la gestión de los activos inmobiliarios encomendados a estos órganos. Las nuevas regulaciones, en los días posteriores a su publicación, se han convertido en objeto de críticas por parte de representantes de comunidades religiosas no musulmanas.
El diputado armenio Garo Paylan, del HDP (Partido Democrático Popular, formación opositora que une a las organizaciones políticas kurdas y las fuerzas de izquierda) presentó una pregunta al Parlamento turco en la que argumenta que la publicación de la nueva normativa provoca “una gran frustración en las comunidades minoritarias”, criticando en particular la nueva subdivisión territorial de los distritos electorales para los procesos electorales de renovación de los Consejos de Administración de las Fundaciones individuales y el hecho de que las actividades de las Fundaciones que gestionan hospitales y otros centros de salud estén supeditadas al control del Ministerio de Sanidad.
El estatus legal de las Fundaciones todavía se basa en el Tratado de Paz de Lausana firmado en 1923 por Turquía y las potencias de la Entente (Imperio Británico, Francia e Imperio Ruso) vencedoras de la Primera Guerra Mundial. El Tratado garantizó a las comunidades religiosas no musulmanas presentes en Turquía la igualdad ante la ley y la libertad de promover y gestionar “instituciones religiosas y sociales”. Durante las últimas dos décadas, Turquía ha enfrentado y resuelto muchas de las disputas relacionadas con la gestión y el destino de los bienes incautados por el estado sobre los cuales las Fundaciones reclamaron los derechos garantizados por el Tratado de Lausana. Según datos oficiales facilitados por los aparatos turcos, entre 2013 y 2018 se devolvieron a las Fundaciones unos 1.084 inmuebles vinculados a comunidades no musulmanas, y se entregaron 20 lugares de culto a las mismas comunidades tras las necesarias restauraciones.
En el pasado, a partir de 1936, disposiciones legislativas habían abierto la posibilidad de adquirir nuevos inmuebles para Fundaciones de comunidades no musulmanas. En 1974, esta garantía fue cancelada y el Estado comenzó a embargar masivamente los bienes adquiridos por las Fundaciones de comunidades no musulmanas a partir de 1936. En el año 2000, las nuevas disposiciones dictadas de conformidad con los llamados “paquetes de armonización” exigidos a Turquía de cara a su adhesión a la Unión Europea han favorecido la devolución a las Fundaciones de estos bienes inmuebles previamente embargados por el Estado.
(GV) (Agencia Fides 2/07/2022)
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