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Caritas Internationalis
Colombo (Agencia Fides) - La situación económica en Sri Lanka está empezando a mejorar gradualmente después de la crisis económica que se ha prolongado durante dos años, tras el default declarado en abril de 2022 y el paquete de rescate de cuatro años a través de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI): la nación tenía una deuda de 83 mil millones de dólares, más de la mitad de ella con acreedores extranjeros. Ahora, según el FMI, la inflación está bajando y la economía ha empezado a crecer de nuevo en la segunda mitad de 2023, lo que es una buena noticia para un país en el que, desde principios de 2022, la población sufre una grave escasez de alimentos, medicinas, combustible y electricidad. Las fuertes protestas callejeras, generadas por esta situación, llevaron a la destitución del entonces Presidente Gotabaya Rajapaksa.
Como parte del programa de rescate de 2.900 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional concede préstamos en varios plazos, tras verificar semestralmente si el país va por buen camino con las reformas económicas necesarias. Hasta ahora, Sri Lanka ha recibido dos pagos y también ha recibido promesas de condonación de deuda de acreedores importantes como India, Japón y China. El gobierno también está en conversaciones con acreedores privados.
En julio de 2022, el ex Primer Ministro Ranil Wickremesinghe fue nombrado Presidente (hasta el final natural de su mandato en 2024) y, desde entonces, gracias a la vía de apoyo de las instituciones internacionales, el gobierno ha conseguido restablecer la electricidad y paliar en gran medida la escasez de productos de primera necesidad. La moneda de Sri Lanka se ha fortalecido y los tipos de interés han bajado hasta situarse en torno al 10%. Persisten los problemas de la elevada fiscalidad, el coste de la vida y el alto desempleo, debido al hundimiento de la producción industrial y el declive del turismo. De hecho, según un reciente informe del Banco Mundial, la tasa de pobreza ha seguido aumentando por cuarto año consecutivo y, a finales de 2023, el 25,9% de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza. El pasado mes de marzo, el gobierno aprobó un aumento del salario mínimo mensual del 40%, de 12.500 rupias (unos 40 euros) a 17.500, para apoyar a los trabajadores ante el aumento del coste de la vida.
La población está esperando ahora una fecha para las nuevas elecciones, mientras el presidente Ranil Wickremasinghe intenta prolongar su mandato. La Comisión Electoral de Sri Lanka ha anunciado que las elecciones presidenciales se celebrarán entre el 17 de septiembre y el 17 de octubre, pero el partido gobernante ha anunciado su intención de aplazar la votación y celebrar un referéndum para prorrogar el mandato presidencial otros dos años.
Asociaciones de la sociedad civil, organizaciones de la Iglesia católica y otras comunidades religiosas consideran que el proyecto de ley presentado por el gobierno es "totalmente contrario a las aspiraciones y derechos del pueblo", reiterando que la Constitución garantiza al presidente un mandato de cinco años, y que es derecho de los ciudadanos expresarse mediante el voto.
Por la parte que toca al capítulo de los atentados de Semana Santa de 2019 (que golpearon tres iglesias y varios hoteles, causando más de 250 muertos) -una herida siempre abierta- tres años después de la presentación del informe sobre las responsabilidades de los servicios de inteligencia y de los políticos, el presidente Wickremesinghe ha optado por reiniciar todo el proceso, encomendando una nueva investigación a un nuevo grupo dirigido por un juez ya retirado.
La Comisión de Investigación ha de investigar y arrojar luz sobre las acciones y respuestas de los servicios de inteligencia tras la alerta recibida de la India en vísperas de los atentados del Domingo de Resurrección de 2019. Según el portavoz de la Conferencia Episcopal Católica, el padre Cyril Gamini Fernando, "se trata de un aplazamiento innecesario: el Gobierno debería limitarse a aplicar las recomendaciones ya formuladas por la anterior Comisión de Investigación". Cinco años después de los trágicos sucesos de 2019, "la situación sigue igual, pero la Iglesia no renuncia a luchar por la justicia", ha afirmado.
(PA) (Agencia Fides 18/6/2024)
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