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La Paz (Agencia Fides) - Bolivia cuenta con los yacimientos de litio más grandes del mundo, ubicados en la meseta andina y conocidos como Salar de Uyuni. A diferencia de los otros dos países del llamado “Triángulo del Litio” que son Argentina y Chile, las reservas bolivianas, descubiertas en 1976, comenzaron a ser explotadas recientemente, en 2008, primero bajo el paraguas de las entidades mineras estatales diferenciándose así de Chile y Argentina que sí han abierto las puertas a las sociedades privadas.
La minería de litio de Chile y Argentina carece de salvaguardas ambientales y tiene el potencial de dañar el suelo circundante y causar contaminación del aire. Muchas de las comunidades indígenas chilenas en las zonas mineras de litio se han visto obligadas a migrar. La privatización del agua adoptada por ambos países ha eliminado cualquier necesidad de consulta previa con las comunidades y otras partes interesadas. La minería de litio puede requerir alrededor de 500.000 litros de agua por tonelada, lo que quita ingentes recursos hídricos a otras actividades económicas, incluida la agricultura.
Bolivia, escenario de la llamada “guerra del agua” en el año 2000 (la protesta de los ciudadanos de Cochabamba contra la privatización de sus escasos recursos hídricos), es el único país del Triángulo del Litio con una legislación vigente que prevé un proceso de extracción sostenible y justa. La exploración comenzó en 2008 con la instalación de una planta piloto que usa una técnica de evaporación que ahorra agua.
Un año después, los ciudadanos bolivianos ratificaron una nueva constitución que rediseñó el pacto de Estado sobre la cuestión hídrica. Incluye el derecho a la consulta previa para proyectos que afecten a las comunidades indígenas y sus territorios, identifica el agua como un derecho humano fundamental y establece el derecho de los ciudadanos a la vigilancia popular de las iniciativas gubernamentales. La ley boliviana también exige que los ingresos del Estado derivados de los recursos naturales se inviertan en programas sociales, educación, desarrollo integral de los pueblos indígenas.
La nueva Constitución también fortaleció los requisitos preexistentes para las evaluaciones de impacto ambiental socioeconómico. La “Ley de la Madre Tierra” de Bolivia de 2012 creó regulaciones adicionales, incluidas obligaciones para prevenir y reparar la degradación ambiental.
El gobierno de La Paz también pretende aprovechar la creciente demanda mundial de litio para impulsar el desarrollo de su base industrial centrándose no solo en la extracción y refinado de litio, sino negociando con otros países e industrias interesadas en el mineral boliviano la creación de plantas de baterías eléctricas en el país. Esto también compensaría la caída en la demanda de hidrocarburos, como el gas y el petróleo, que son hasta ahora el principal bien de exportación de la economía legal boliviana.
Bolivia también está forjando alianzas con otros productores de hidrocarburos como México y socios regionales como Argentina para ir más allá de los combustibles fósiles y cooperar para la explotación de litio. Sobre la base del interés declarado por Bolivia en desarrollar toda la cadena de valor, los gobiernos boliviano y mexicano anunciaron conjuntamente que sus empresas estatales cooperarán en la producción de baterías de litio y la compra y exportación de vehículos eléctricos, incluido el automóvil eléctrico boliviano Quantum. Ya en julio de 2022, los gobiernos de Bolivia y Argentina firmaron un acuerdo de colaboración para intercambiar tecnología para la producción de baterías de litio.
(LM) (Agencia Fides 18/07/2023)
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