Manila (Agencia Fide) - En octubre, mes dedicado en Filipinas a la protección de los pueblos indígenas, la comunidad católica filipina, con diversos momentos, encuentros y celebraciones locales, hizo un llamamiento a las instituciones para que aborden los problemas a los que se enfrentan estos pueblos para continuar su vida en las tierras ancestrales, una vida amenazada sobre todo por la explotación minera.
Filipinas ha aparecido en la escena internacional como un importante proveedor de materias primas en la transición energética mundial, con reservas de minerales como el níquel de clase 1, material clave en las baterías de los coches eléctricos. Sin embargo, este auge, con concesiones mineras otorgadas a multinacionales por el gobierno de Manila, está causando penurias, desplazamientos y destrucción de hábitats a los pueblos indígenas, que ven cómo les arrebatan sus tierras ancestrales y alteran sus medios de vida.
Según el informe “State of Indigenous Peoples Address” (Situación de los pueblos indígenas)” de 2023, publicado por el Legal Rights and Natural Resources Centre (LRC), los conflictos por la tierra y el medio ambiente han aumentado un 6% en un año, con más de 70.000 hectáreas adicionales de tierra afectadas. Los conflictos por recursos, principalmente relacionados con la minería, “tienen implicaciones directas en la vida misma de los pueblos indígenas. Sus vidas están realmente en juego”, señala el LRC, afirmando que entre 2022 y 2023, más de 45.000 indígenas fueron víctimas del acaparamiento de tierras, en zonas como las islas de Palawan o Mindoro. Otro ejemplo se refiere a la tierra en la región montañosa de la Cordillera (en el norte de la isla de Luzón), donde el gobierno filipino aprobó 99 proyectos hidroeléctricos, parte de un plan más amplio para ampliar las fuentes de energía renovables. Los proyectos han dividido a las comunidades rurales entre quienes creen que las presas traerán puestos de trabajo y dinero y quienes temen que se dañen las fuentes de agua y los yacimientos culturales.
Filipinas tiene una población indígena estimada entre 14 y 17 millones de personas, pertenecientes a 110 grupos etnolingüísticos. En las distintas regiones donde están asentados -como en la Cordillera (en Luzón, en el Norte), en las Visayas (en el centro del archipiélago), en la región de Bagsamoro (en Mindanao, en el Sur)- estos pueblos sufren discriminación social, marginación económica y privación política, fenómenos agravados por la explotación minera que les priva de sus derechos sobre la tierra. En los últimos cien años, los pueblos indígenas han visto aumentar las expropiaciones de tierras por parte del gobierno filipino, precisamente por ser ricos en recursos naturales.
La nación, también gracias a la concienciación promovida por la Iglesia católica y los misioneros, ha empezado a promover la dignidad y los derechos de estos pueblos. Según la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (Indigenous Peoples' Rights Act - IPRA), aprobada en 1997, los indígenas tienen derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales si obtienen un “Certificado de Título de Dominio Ancestral”. El titular de este título tiene potestad para aprobar o rechazar proyectos que afecten a la tierra, como la minería. Sin embargo, la obtención del certificado requiere un largo proceso burocrático, para el que se necesita asistencia jurídica, y es un proceso que muchos grupos indígenas ni siquiera han iniciado.
En 2003, el gobierno designó el mes de octubre como "Mes Nacional de los Pueblos Indígenas" y estableció un día dedicado al reconocimiento de los pueblos indígenas, fijado el 29 de octubre, para renovar el compromiso de garantizar un trato justo a estos pueblos. La Iglesia católica de Filipinas, a través de la Comisión Episcopal para los Pueblos Indígenas, grupos diocesanos e institutos religiosos, se ha propuesto "escuchar a nuestros hermanos y hermanas indígenas, miembros de la familia de Dios, responder a sus aspiraciones como miembros de nuestra sociedad" y valorar sus vidas. Ejemplo de este compromiso, en días pasados la hermana Minerva Caampued, de las Hermanas Apostólicas Franciscanas, obtuvo el premio nacional que lleva el nombre de Santa Teresa de Calcuta por su labor en favor de los pueblos indígenas de la provincia de Cagayán, tras treinta años de incansable servicio dedicado a la comunidad indígena Agta, para la protección del medio ambiente, la atención sanitaria, la alimentación y los programas de educación.
(PA) (Agencia Fides 30/10/2024)