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Puerto Princesa (Agencia Fides) - Salvaguardar a las personas, los recursos y la belleza natural de Palawan: con este objetivo, los obispos católicos de las diócesis presentes en Palawan, una de las islas filipinas dotadas de una extraordinaria e intacta belleza natural, han lanzado una campaña de recogida de firmas para exigir una moratoria de 25 años contra la actividad minera.
En una carta pastoral conjunta, firmada por los obispos filipinos Sócrates Mesiona, vicario apostólico de Puerto Princesa; Broderick Pabillo, vicario apostólico de Taytay; y Edgardo Juanich, obispo emérito, explican y presentan la iniciativa popular.
Dirigiéndose a los fieles, el obispo Mesiona destaca la urgencia de proteger los bosques antiguos y las cuencas hidrográficas, fundamentales para el equilibrio ecológico. “Se necesitan estudios en profundidad para preservar zonas críticas y garantizar el desarrollo sostenible que priorice el bienestar de las comunidades locales por encima de los intereses económicos de grandes empresas”, afirma el prelado, recordando la responsabilidad moral que la Iglesia tiene en el cuidado de la creación, en sintonía con la Laudato si’ del Papa Francisco.
La situación es alarmante: en 2016, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la tala de 28.000 árboles en Palawan. En 2024, se concedió permiso para talar 52.200 árboles, y actualmente existen 67 solicitudes de exploración minera que abarcan más de 200.000 hectáreas. Hasta ahora, el gobierno ha aprobado 11 acuerdos que permiten la explotación minera en 29.000 hectáreas de terreno.
La comunidad católica local se dirige directamente a los legisladores provinciales de Palawan, instándoles a dar prioridad al medio ambiente y al bienestar de las comunidades por encima de los beneficios o los intereses de poder: “En esta coyuntura, se verá si se preocupan de verdad por Palawan o sucumben a otras presiones”, afirma el obispo.
La carta pastoral conjunta señala también que Palawan es la única provincia de la región central de Filipinas que no tiene una moratoria sobre las actividades mineras. Provincias vecinas como Mindoro, Marinduque y Romblon ya han promulgado medidas similares. La Iglesia se hace eco del clamor “de los agricultores, pescadores y comunidades indígenas que sufren la destrucción de las actividades mineras. También es el clamor de quienes creen en nuestro deber de proteger Palawan como custodios de la creación”, declara el obispo Mesiona, instando a los ciudadanos a firmar la petición popular.
En el paraíso natural de Palawan, la deforestación y la minería podrían agravar la erosión, los deslizamientos de tierras y los daños ecológicos a largo plazo. En este sentido, el control de la minería no es sólo una cuestión de beneficios, sino que “pretende preservar la vida de la naturaleza para las generaciones futuras”, advierte.
Este planteamiento está ganando impulso y encontrando aceptación y acuerdo entre la sociedad civil que aspira a un desarrollo sostenible que garantice la conservación del extraordinario patrimonio natural de Palawan. Una moratoria sobre la minería -señala- es algo más que una defensa del medio ambiente: es una postura valiente por la integridad de la creación, el bienestar de las comunidades vulnerables y el futuro de una de las provincias más preciosas de Filipinas.
Lo que está ocurriendo en la provincia de Palawan pone de relieve la situación global de Filipinas, un archipiélago con una enorme riqueza mineral, especialmente en reservas de cobre, oro, níquel, zinc y plata, y minerales útiles para la “transición energética mundial”.
Según estadísticas recientes de la Oficina de Minas y Geociencias de Filipinas, en el archipiélago hay 56 grandes minas en explotación, con siete plantas de procesamiento que emplean a más de 220.000 trabajadores. Los principales yacimientos mineros están en Luzón, en el Norte (oro en Nueva Vizcaya, níquel en Palawan y cobre en Benguet); en las Visayas, la parte central (cobre en Cebú); en Mindanao, en el Sur (níquel y oro en Surigao del Norte, plata en Zamboanga del Norte).
Filipinas es el cuarto país del mundo en reservas de cobre y el quinto en cobalto y níquel. Las multinacionales extranjeras, en particular de Japón, Australia, Canadá y China, desempeñan un papel importante y mantienen relaciones con el gobierno para pedir siempre nuevas concesiones mineras. Desde la perspectiva de estas empresas, las medidas de “moratoria” de la explotación minera constituyen un obstáculo. Dichas medidas presentan y tienen en cuenta las preocupaciones sobre la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y, además, el reparto equitativo de los beneficios mineros, de modo que beneficien realmente al desarrollo de las comunidades locales y no representen su destrucción.
(PA) (Agencia Fides 9/12/2024)
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