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Kinshasa (Agencia Fides) – «Queremos que la voz de los habitantes del este de la República Democrática del Congo se escuche en las negociaciones de paz», afirma a la Agencia Fides Néné Bintu Iragi, abogada de profesión, presidenta de la Sociedad Civil del Sud Kivu, coordinadora del colectivo «Maman Congo», que reúne a mujeres desplazadas, y miembro de la Comisión Diocesana «Justicia y Paz» de Bukavu.
Bukavu, capital de Kivu del Sur, fue conquistada el 16 de febrero por los rebeldes del M23, apoyados por tropas ruandesas (véase Fides 17/2/2025). Antes, en enero, Goma, capital de Kivu del Norte, había caído en manos del M23 (véase Fides 29/1/2025). Desde entonces se han firmado acuerdos de paz, como el de Washington el 27 de junio entre la RDC y Ruanda bajo los auspicios estadounidenses, y el acuerdo de principios entre la RDC y el movimiento M23 firmado en Doha (Qatar) el 19 de julio (véase Fides 21/7/2025). Este último debería dar lugar a un acuerdo definitivo, pero por el momento han surgido algunos obstáculos.
Sobre la situación en Kivu del Norte y del Sur y las perspectivas de paz en el este de la RDC, Néné Bintu Iragi ha respondido a algunas preguntas a la Agencia Fides.
-Usted no puede regresar a Bukavu. ¿Por qué?
-Cuando los rebeldes entraron en Bukavu, yo me encontraba en Dar es Salaam (Tanzania) para asistir a una reunión sobre el proceso de paz iniciado en Nairobi y Luanda. Estaba allí como portavoz de la población de Kivu del Sur para afirmar que esta seguía creyendo en el proceso de paz iniciado anteriormente. Por desgracia, las cosas fueron de otra manera. Ya antes de mi partida hacia Tanzania, el 6 de febrero, habían aparecido en las redes sociales mensajes amenazantes contra los representantes de la sociedad civil local. Luego, durante mi viaje de regreso a mi país, mientras me encontraba en Bujumbura, en Burundi, me enteré de la caída de Bukavu. No pude volver porque, durante el asalto del M23, las cárceles de Bukavu fueron vaciadas de sus reclusos. Entre ellos hay personas a las que, en mi trabajo como abogada defensora de la población, había contribuido a condenar. Se trata de peligrosos bandidos que extorsionaban a los viajeros a lo largo de las carreteras nacionales n.º 2 y n.º 5, a menudo asesinándolos.
-¿Dónde se encuentra ahora y cómo continúa su labor de sensibilización sobre la tragedia del este de la RDC?
-Me vi obligado a establecer mi base en Uvira, que sigue bajo control del Gobierno, desde donde me mantengo en contacto con las zonas controladas por el M23 para documentar las violencias cometidas contra la población civil tanto por los guerrilleros como por los paramilitares progubernamentales, los Wazalendo. Algunos de mis colegas están siendo amenazados por estos últimos porque denunciamos las violaciones de los derechos humanos de cualquiera que las cometa.
Como sociedad civil, estamos atrapados en la maraña de los diferentes contendientes porque nos negamos a tomar partido por uno u otro bando, reivindicando nuestra neutralidad.
En nuestros informes se pone de manifiesto que la situación humanitaria es catastrófica. Solo en Goma, durante los días de su conquista, 3000 mujeres fueron violadas, además e que unas 10.000 personas murieron en la semana siguiente a la caída de la ciudad. Todo ello mientras la MONUSCO (Misión de la ONU en la RDC) sigue presente en la zona.
-¿Qué esperanza hay de paz?
-Nuestra esperanza de paz se basa en la resolución 2773 adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 21 de febrero de 2025, que pide el cese de las hostilidades, la retirada inmediata del ejército ruandés y del M23 y la protección de los civiles.
El proceso de paz iniciado por el presidente estadounidense Trump habla de todo menos de las víctimas congoleñas. Además, en la firma del acuerdo el 27 de junio en Washington no participaron ni el Senado ni la Asamblea Nacional. Estábamos dispuestos a aceptar todo esto con tal de obtener la paz, pero el mismo día de la firma continuaron los asesinatos de civiles con total impunidad a 15 km de Bukavu.
En cuanto al otro mediador, Qatar, este tiene inversiones tanto en la RDC como en Ruanda, en particular la refinería de oro ruandesa que utiliza el mineral saqueado en el Congo, construida con financiación qatarí, al igual que la compañía aérea ruandesa, que está en manos de Doha. Por lo tanto, este Estado no es un mediador neutral, ya que tiene intereses que proteger en ambos países.
Queremos un acuerdo inclusivo que tenga en cuenta a la población congoleña, pero también a todas las demás partes implicadas en el conflicto en el este de la RDC, incluidos Burundi y Uganda.
(L.M.) (Agencia Fides 15/11/2025)
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