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Por Pascale Rizk
Seúl (Agencia Fides) - «Para construir un país en el que se respete el principio fundamental de la democracia, según el cual todos son iguales ante la ley y nadie puede imponer sus propias opiniones violando los procedimientos democráticos, la Iglesia católica coreana seguirá estando siempre al lado del pueblo, hasta el final». Con estas palabras, los obispos católicos de Corea del Sur han expresado su postura ante la reciente destitución del presidente Yoon Suk-yeol, aprobada por la Asamblea Nacional.
En su declaración, los prelados reconocen que, en los últimos once días, el pueblo surcoreano «ha pasado por momentos difíciles», pero ha demostrado una «gran paciencia» mediante acciones democráticas y moderadas. Por ello, los obispos exhortan a todas las partes a «dejar a un lado los conflictos políticos y trabajar juntos por el bien del Estado y el bienestar del pueblo».
La rápida sucesión de eventos -con la introducción de la ley marcial por parte del presidente Yoon y su posterior levantamiento por el Parlamento en tan solo seis horas- ha revivido las memorias de un pasado doloroso para Corea del Sur. Décadas marcadas por la ocupación japonesa, la Guerra de Corea, el Armisticio y una sucesión de gobiernos autoritarios y golpes militares vuelven a la superficie en la conciencia colectiva. La reacción ciudadana, aunque decidida, ha tomado la forma de una protesta pacífica en defensa de las instituciones democráticas ganadas tras años de lucha.
Los obispos han calificado como «extremadamente desagradable» la necesidad de recurrir a la destitución del jefe de Estado mediante un impeachment, «independientemente de que uno fuera o no su partidario». Además han subrayado que todo presidente está llamado a ejercer su cargo «de manera sincera y responsable, respetando la Constitución y las leyes». En una sociedad democrática, han afirmado, si se vulneran estos principios, el proceso de destitución «es justicia».
Asimismo, han instado al presidente Yoon y a su gobierno, ha que pidan perdón al pueblo, esperando que el Tribunal Constitucional evalue el caso «con prontitud» para permitir que el país recupere «su estabilidad y que la vida cotidiana de los ciudadanos vuelva a la normalidad lo antes posible».
El Tribunal Constitucional dispone ahora de 180 días para revisar, confirmar o rechazar la destitución votada por el Parlamento. Yoon se convierte así en el tercer presidente surcoreano sometido a un proceso de impeachment en virtud de la Constitución del país.
Cabe recordar que, en 2017, la ex-presidenta Park Geun-hye fue destituida después de 91 días de juicio, cuando el Tribunal falló unánimemente (8-0) en su contra tras el impeachment aprobado en 2016. En cambio, en 2004, la destitución del entonces presidente Roh Moo-hyun fue rechazada tras un proceso de 63 días, lo que permitió a Roh regresar a su cargo.
Resta saber si el presidente Yoon optará por defenderse personalmente ante el Tribunal Constitucional o adoptará una postura de no comparecencia, como hicieron en su momento los ex-presidentes Park y Roh.
(Agencia Fides 15/12/2024)
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