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Jayapura (Agencia Fides) – “Las violaciones de derechos humanos en Papua deben ser detenidas de inmediato, en particular las perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad indonesias, y se debe realizar sin demora una investigación independiente y creíble sobre los casos del asesinato del catequista católico Rufinus Tigau y de Meinus Bagubau, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y líderes de la Iglesia para llevar a los responsables ante la justicia”. Lo solicitan en un documento enviado a la Agencia Fides, cuatro organizaciones de la Iglesia católica en la Papúa indonesia: la Comisión “Justicia y Paz” de la diócesis de Timika (SKP Timika); la Comisión “Justicia y Paz” de la Arquidiócesis de Merauke (SKP Kame); la Comisión “Justicia y Paz y Salvaguardia de la Creación” de los Franciscanos en Papua (SKPKC Fransiskan Papua); la Comisión “Justicia y Paz y Salvaguardia de la Creación” de los Agustinos, en el Vicariato Cristus Totus, en Papua (SKPKC OSA Papua); Además, la ONG internacional, acreditada ante la ONU, “Franciscans International” (FI) ha ofrecido su ayuda su contribución.
Se trata de un informe muy detallado y documentado, resultado del trabajo de investigación de organizaciones católicas, sobre un caso de asesinato en la región más oriental de Indonesia y sobre el caso de la lesión de un menor, que tuvo lugar el mismo día. Según la información de la Agencia Fides, el asunto aún espera un epílogo que haga justicia a las víctimas y sus familias. El informe Extrajudicial killing of Mr Rufinus Tigau” reconstruye los dos casos de Rufinus Tigau y Meinus Bagubau, ocurridos el 26 de octubre de 2020. Rufinus Tigau (28 años), nativo de Papúa y catequista católico de la diócesis de Timika (en la provincia de Papúa), fue asesinado a tiros por miembros de una operación conjunta del ejército y la policía de Indonesia en Kampung Jibaguge (en el distrito de Sugapa, Intan Jaya Regency en Papua). Meinus Bagubau (12) también recibió disparos y sufrió varias heridas el mismo día.
El informe reconstruye las fases del incidente del 26 de octubre, del que se proporcionan amplios antecedentes: “Desde diciembre de 2019, se ha llevado a cabo una operación conjunta entre el ejército indonesio (Tni) y la policía (Polri) en la regencia de Intan Jaya, como parte de los esfuerzos para luchar contra un movimiento de independencia de Papúa llamado Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental - TPN-PB). Ha habido varios episodios de tiroteos -explica el expediente- que han causado víctimas en ambos bandos, así como entre la población civil que vive en la zona”. Ya después del asesinato del presbítero protestante Yeremia Zarambani el 19 de septiembre de 2020, continúa el informe, “la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas Ham) había emitido una declaración pública sobre la violencia en la regencia de Intan Jaya”, documentando al menos 18 casos de violencia con víctimas civiles y personal de seguridad. El informe también recuerda que, además de los episodios ampliamente conocidos, “este año ha habido varios accidentes en la zona minera de PT Freeport Indonesia”, en particular en la mina Grasberg, en la región de Timika, en Papua, y que “en dos ocasiones, los indígenas papúes fueron identificados erróneamente como miembros del TPN-PB y fueron fusilados por miembros de las fuerzas militares y de seguridad de Indonesia” mientras la guerrilla ha ejecutado a un trabajador.
Así se llega hasta reconstruir el trágico caso del 26 de octubre cuando Rufinus Tigau se acercó a las fuerzas de seguridad que habían rodeado la zona donde vivía y continuaban disparando. Rufinus solo quería una explicación para buscar un gesto de conciliación. Como señala el informe: “Tigau se acercó a los miembros de seguridad y les dijo: 'Por favor, dejen de disparar. Debemos hablar con calma. ¿Cuál es el problema?' Un miembro del operativo le apuntó con un arma e inmediatamente levantó las manos en señal de sumisión. Sin embargo, lo mataron en el acto”, a sangre fría. En los continuos tiroteos, Meinus también recibió un disparo. El ejército niega el incidente acusando a Tigau de ser miembro del Grupo Armado Criminal Separatista (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata - Kksb), un término utilizado para indicar que se pertenece al TPN-PB. “Sin embargo - escribe el dossier - la afirmación de que Tigau era miembro de la TPN-PB fue rechazada por el padre Martin Kuayo, administrador de la diócesis católica de Timika, Papua, quien confirmó que Rufinus Tigaus era un catequista pacífico de la diócesis”.
Organizaciones católicas denuncian un segundo caso ocurrido en los días anteriores: el de Agustinus Duwitau, catequista católico de la aldea de Emondi, distrito de Sugapa, quien fue herido el 7 de octubre de 2020 mientras regresaba a casa. Según fuentes locales, a él también trataron de mataron porque se sospechaba que era miembro del TPN-PB.
Intan Jaya Regency es la región donde se encuentra el Wabu Block, parte de la concesión minera en Papua entre el gobierno indonesio y la empresa PT Freeport (que luego se ha convertido en PT Freeport Indonesia, ya que el gobierno indonesio aumentó sus acciones en la empresa). En julio de 2015, hubo un acuerdo entre el gobierno de Indonesia y PT Freeport Indonesia para devolver el Wabu Block, rico en oro, al gobierno. Las organizaciones de derechos humanos y las iglesias han alertado repetidamente al gobierno sobre las violaciones de los derechos humanos en Intan Jaya Regency. Hace varios años, el plan para extraer las reservas de oro de la zona fue rechazado por los habitantes de la zona por temor a graves daños ambientales a las comunidades indígenas que allí habitan.
La Papua (o Irian Jaya) es la provincia de Indonesia que ocupa la parte occidental de la isla de Nueva Guinea. Durante décadas, la población local se ha quejado de la discriminación y los abusos cometidos por las autoridades y las fuerzas policiales de Indonesia. La provincia, una antigua colonia holandesa, fue anexada por Indonesia en 1969 tras un controvertido referéndum. Los indígenas papúes constituyen aproximadamente la mitad de la población, que exigen la independencia política y piden un nuevo referéndum desde hace años, a pesar de que en 2002 el gobierno otorgó a la región una autonomía especial.
(MG-PA) (Agencia Fides 11/11/2020)
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