ASIA/MYANMAR - Escalada del conflicto, con gran sufrimiento de la población civil.

Mandalay (Agencia Fides) - La junta militar de Myanmar lanza cada vez más ataques aéreos contra la población civil; el número de incursiones de aviones y helicópteros se ha duplicado en el segundo año tras el golpe de febrero de 2021. Así lo afirma un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El texto, divulgado en los últimos días durante la Asamblea General de la ONU, enciende una nueva alarma por la vida de la población civil en la nación.
Según el informe, los ataques aéreos se han combinado repetidamente con "medidas que deniegan sistemáticamente a los heridos el acceso a la atención médica". Entre febrero de 2021 y julio de 2023, según el documento, el ejército birmano ha lanzado 988 ataques aéreos en todo el país; 301 se lanzaron entre febrero de 2021 y marzo de 2022, el resto en el último año. Al menos 281 personas, todas civiles, han muerto en los ataques aéreos, que, según el documento, “están sembrando el terror entre la población civil”. En muchas regiones del país, la población “teme ser bombardeada en sus hogares, escuelas, hospitales, edificios religiosos y durante reuniones públicas” se afirma.
El ataque aéreo con mayor número de víctimas se produjo el 11 de abril de 2023, cuando la junta atacó una reunión pública en el pueblo de Kanbalu, en la región de Sagaing, causando la muerte de 150 personas. El texto también describe asesinatos cometidos por el ejército birmano durante operaciones terrestres, ataques incendiarios y otros actos calificados como “crímenes de guerra”. El Alto Comisionado de la ONU pide el cese urgente de toda violencia y el acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a todas las zonas de Myanmar, e insta a todas las partes a respetar el derecho internacional y los derechos humanos, en particular las normas relativas a la protección de los civiles durante los conflictos armados.
Según informa la organización birmana de investigación sin ánimo de lucro “Nyan Lynn Thit Analytica”, casi el 90% de los ataques aéreos se han producido en la región de Sagaing y en los estados de Karen, Kayah, Kachin, Chin y Shan.
Una de las regiones martirizadas es la de Sagaing, en el noroeste de Myanmar. La región limita al norte con la India y el estado birmano de Chin, al este con los estados de Kachin y Shan y al sur con la región de Mandalay. Es la segunda región más grande de Myanmar y consta de ocho distritos. El principal grupo étnico es el bamar (birmano) y luego hay otras pequeñas comunidades minoritarias como los shan y los naga (en la zona montañosa del noroeste).
Para sofocar la rebelión, en una zona que no está habitada por minorías étnicas pero que se ha convertido en el epicentro -incluso simbólico- de la rebelión de la población civil bamar, principal grupo étnico del país, la misma que la de los generales y soldados del ejército birmano, el régimen impuso la ley marcial en 14 municipios de Sagaing el pasado mes de febrero. En virtud de la ley marcial, 253 personas han sido detenidas y procesadas por tribunales militares en Sagaing en los últimos siete meses. De ellos, diez fueron condenados a muerte, más de 100 a cadena perpetua y ocho a largas penas de prisión, todos ellos en virtud de la ley antiterrorista. Entre ellos estaban los padres de un joven combatiente de la resistencia, acusados de no informar de que su hijo se había unido a las "Fuerzas Populares de Defensa", mientras que otros recibieron condenas por supuestas donaciones a grupos de la resistencia. Otros civiles detenidos son profesores o usuarios de las redes sociales que intentan persuadir a funcionarios y soldados birmanos para que se unan al movimiento de desobediencia civil o a las Fuerzas Populares de Defensa.
El territorio de la región de Sagaing se encuentra en su mayor parte dentro de la diócesis de Mandalay. Fuentes de la Agencia Fides confirman que la situación es muy grave, mientras que el ejército asalta continuamente las aldeas, arrasándolas. La resistencia de los jóvenes combatientes, todos de etnia bamar, está bien organizada en la región. Por eso la junta intenta reprimir toda forma de rebelión en Sagaing. Además, ese territorio es rico en recursos y es paso obligado hacia el Estado de Chin, donde combaten los guerrilleros de esa etnia. "Los soldados a menudo están bajo los efectos de la droga y cometen actos crueles", informa a Fides una fuente local, que pide el anonimato por razones de seguridad.
Las comunidades católicas experimentan la misma precariedad que la población. Las iglesias no se libran de la violencia, como le ocurrió a la iglesia católica de la Asunción, de 129 años de antigüedad, en el pueblo de Chan Thar, incendiada el pasado enero. Sacerdotes y párrocos, mientras pueden, viven en las parroquias, huyendo a veces con la población civil, obligada a refugiarse en los bosques para evitar la violencia.
La presencia de desplazados internos es común a muchas otras diócesis. El número de desplazados internos en Myanmar ha aumentado en 680.000 personas en el primer semestre de 2023, según el grupo de investigación independiente "Institute for Strategy and Policy - Myanmar" (ISP - Myanmar), un grupo de reflexión no gubernamental con sede en Tailandia.
El número total de personas desarraigadas de sus hogares y pueblos -desde que los militares depusieron al gobierno elegido democráticamente en un golpe de Estado en febrero de 2021- ha superado los 2,6 millones de personas, señala el ISP.
(PA) (Agencia Fides 28/9/2023)

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