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Bangkok (Agencia Fides) - Son emigrantes, a menudo ilegales, los que, huyendo de Myanmar asolada por la guerra civil, cruzan la frontera con Tailandia en busca de paz, con el deseo de reconstruir sus vidas. Este flujo de migrantes de la antigua Birmania a Tailandia se viene registrando desde hace muchos años, desde que un régimen militar dictatorial estaba en el poder en Yangon, antes de que comenzara la etapa democrática en 2016. Ahora, tras el nuevo golpe militar de 2021 y con la reciente ley de reclutamiento obligatorio en el ejército Birmano, muchos jóvenes tailandeses han tratado de abandonar el país, eligiendo las naciones vecinas del sudeste asiático, especialmente Tailandia (véase Fides 7/6/2024). Algunos se matriculan en escuelas, universidades y cursos de estudio, solicitando visados de residencia como estudiantes; para otros, la única vía es la clandestinidad, con la esperanza de encontrar trabajo y regularizar su situación.
El gobierno tailandés siempre ha intentado frenar el fenómeno y ha aplicado políticas de repatriación, creando campos de detención para inmigrantes o de refugiados controlados, que no permiten a los refugiados integrarse en la sociedad. En los últimos cuatro meses, la política de expulsión se ha saldado con la detención de casi 200.000 ciudadanos de Myanmar. Según informó el Ministerio de Trabajo tailandés, las autoridades policiales inspeccionaron 18.000 centros de trabajo y otros lugares para comprobar los documentos de 256.213 trabajadores inmigrantes. Según el departamento, entre los trabajadores detenidos por ser «migrantes ilegales» había más de 193.000 nacionales de Myanmar, 39.000 camboyanos, 15.000 laosianos y más de 7.000 de otras nacionalidades. Aproximadamente 1.830 trabajadores migrantes ilegales fueron procesados, mientras que otros fueron multados y otros llevados a campos de detención con vistas a su repatriación.
De hecho, la junta militar birmana anunció que unos 1.000 trabajadores birmanos fueron repatriados en agosto desde Tailandia. Según la ONG «Myanmar Humanitarian Action Centre», se trató de una redada sin precedentes. El gobierno tailandés ha declarado que los controles sobre los trabajadores migrantes ilegales son necesarios «para proteger las oportunidades de empleo de los ciudadanos tailandeses». La propia legislación tailandesa ya prohíbe a los trabajadores inmigrantes de cualquier nacionalidad desempeñar 27 ocupaciones específicas reservadas a ciudadanos tailandeses (como transporte de pasajeros, masaje tradicional tailandés, peluquería, interpretación y servicios de transferencia de dinero). Tailandia acoge a unos dos millones de personas procedentes de Myanmar empleadas en la agricultura, la hostelería, la pesca, la industria manufacturera y otros sectores. Muchos viven indocumentados tras cruzar la frontera como inmigrantes ilegales, con la esperanza de obtener un «Certificado de Identidad», expedido por una oficina del gobierno tailandés, que les permita permanecer en el país y trabajar regularmente.
Si no están en posesión de ese certificado, los emigrantes son repatriados, pero en cuanto regresan a Myanmar, informa el «Myanmar Humanitarian Action Centre», son encarcelados o reclutados en divisiones de infantería del ejército birmano y enviados al frente. En una situación de conflicto civil, la repatriación supone una grave amenaza para sus vidas, señala la organización.
Luego están los refugiados birmanos (unos 100.000) que viven permanentemente en campos de refugiados establecidos por el gobierno tailandés a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar y cerrados al mundo exterior. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de estos refugiados no ha dejado de crecer desde 2021 debido al conflicto civil en Myanmar. Cabe señalar que Tailandia no ha suscrito la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y carece de un marco jurídico nacional específico para la protección de refugiados y solicitantes de asilo. Por tanto, estos refugiados birmanos están atrapados en Tailandia en un «limbo» jurídico y social, mientras que el gobierno no les concede permiso para viajar a terceros países, adonde quisieran didirigirse.
(PA) (Agencia Fides 5/10/2024)
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