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Manila (Agencia Fides) - La Cámara de Representantes de Filipinas ha iniciado una investigación sobre la "guerra contra las drogas", la campaña estatal lanzada y ejecutada por el ex presidente Rodrigo Duterte durante su mandato (2016-2022). Esa campaña, que buscaba erradicar el tráfico de drogas en los suburbios de las grandes ciudades, especialmente Manila, causó alrededor de 30,000 muertes, según denuncias de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional.
La investigación parlamentaria, liderada por el Comité de Derechos Humanos de la Cámara, ha programado varias audiencias. En algunas se ha escuchado a los familiares de las víctimas de la guerra; en otras, han comparecido funcionarios públicos involucrados. Entre estos últimos, ha sido convocado Duterte, el ideador y promotor de la campaña.
Entre los testigos, el coronel de la policía Jovie Espenido, conocido por su participación en los operativos de la guerra contra las drogas, ha admitido que se cometieron violaciones de derechos humanos. También ha sido invitada a testificar la ex senadora y ministra de justicia Leila de Lima, quien había criticado severamente la campaña antes de ser arrestada en 2017 por presunta corrupción. De Lima pasó seis años en prisión antes de ser absuelta de todas las acusaciones penales.
El senador Bato Dela Rosa, quien antes de las elecciones era el primer jefe de la Policía bajo el gobierno de Duterte, encargado de implementar la "guerra contra las drogas", se ha negado a testificar ante la Comisión pero, durante una audiencia en el Senado, ha calificado dicha política del ex presidente como "un abuso". "Reconocemos que hubo casos en los que los derechos de las personas fueron efectivamente violados. Por eso cada caso debería ser investigado individualmente", ha afirmado Dela Rosa el pasado 27 de junio.
En mayo pasado, el actual presidente Ferdinand Marcos Jr. también reconoció que "la atención a la aplicación de la ley" durante la guerra contra las drogas de Duterte llevó a "abusos por parte de algunos elementos del gobierno". Sin embargo, Marcos ha defendido constantemente a Duterte de la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), insistiendo en que la CPI no tiene jurisdicción en el país.
Uno de los más fervientes opositores a la "guerra contra las drogas" fue el sacerdote redentorista filipino padre Amado Picardal, fallecido el 29 de mayo pasado. Religioso comprometido con los movimientos por la paz y la justicia, Picardal había denunciado los asesinatos perpetrados por los llamados "Escuadrones de la muerte" ya en Davao, donde Duterte fue alcalde antes de su presidencia nacional. En 1999, Picardal contribuyó a fundar la "Coalición contra las ejecuciones sumarias" para documentar los asesinatos.
La organización internacional de derechos humanos "Amnistía Internacional" ha afirmado que los asesinatos cometidos durante la "guerra contra las drogas" eran de naturaleza "deliberada y sistemática" y parecían formar parte de un "ataque orquestado por el gobierno contra los pobres".
(PA) (Agencia Fides 3/7/2024)
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