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Yangon (Agencia Fides) - Myanmar es el lugar más violento del mundo, según los datos publicados por el Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), una organización internacional sin ánimo de lucro e independiente que recoge, clasifica y analiza datos sobre los conflictos en todos los países y territorios del mundo. El conflicto civil, que comenzó en febrero de 2021 cuando el ejército derrocó al gobierno elegido democráticamente, se ha cobrado la vida de al menos 50.000 personas, entre ellas al menos 8.000 civiles, y ha desplazado a unos 2,3 millones de personas (datos de la ONU), según ACLED. Es un conflicto que el Papa Francisco no deja de mencionar en sus llamamientos por la paz: "No olvidemos Myanmar y tantos países que están en guerra", pidió en su última audiencia del 12 de junio.
Aunque el amplio frente de resistencia ha logrado importantes éxitos en las zonas fronterizas ( estratégicas también para el comercio), el centro de Myanmar y las principales ciudades siguen siendo bastiones de los militares del régimen. Siete meses después de la tristemente célebre "Operación 1027" -un ataque de la Alianza de las Tres Hermandades y sus aliados-, el conflicto sigue siendo sangriento. La Operación 1027 tuvo el efecto de capturar docenas de localidades clave, forzando la rendición de unos 4.000 soldados. La ofensiva se extendió del estado de Shan al de Karenni, y luego al de Arakan y a los estados de Kachin, Chin y Karen.
Según un análisis realizado por "Myanmar Peace Monitor", la resistencia ha logrado avances estratégicos, pero no cuenta con una alianza coordinada bajo el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) como muchos esperaban. Es decir, el frente de oposición al régimen está fragmentado entre las Fuerzas de Defensa Popular (FDP) y las organizaciones armadas étnicas que siguen luchando con el único interés unificador de derrocar a la junta. No existe una estructura de mando coordinada ni un acuerdo político sólido.
En los últimos meses las fuerzas de la resistencia han tomado 55 ciudades, pero la afirmación de que los militares controlan menos del 40% del país parece una distorsión de la realidad: de hecho, el centro de Myanmar, desde el delta del Irrawaddy hasta Mandalay, sigue bajo el firme control de la junta. En Naypyidaw, Yangon, Mandalay y las principales ciudades, la vida es "normal", aunque el suministro eléctrico esté bajo mínimos.
La persistencia del conflicto tiene graves repercusiones en la economía y aumenta la pobreza. En su último "Myanmar Economic Monitor", el Banco Mundial predijo que el producto interior bruto de Myanmar crecerá sólo un 1% en el ejercicio que finaliza en marzo de 2025. La situación ha empeorado considerablemente en el último año, desde que la junta tomó el control de muchos de los pasos fronterizos más importantes del país y de las rutas comerciales terrestres hacia China, Bangladesh e India. Según el informe, los desplazamientos, la pérdida de empleos y de ingresos han aniquilado gran parte de los avances anteriores en la reducción de la pobreza, lo que indica "unas perspectivas económicas muy débiles, con poco respiro para las familias de Myanmar a corto y medio plazo". Además, el plan de reclutamiento obligatorio, anunciado en febrero por la junta en un intento de reponer las cada vez más mermadas filas del ejército, "ha intensificado la emigración a las zonas rurales y al extranjero, ampliando la escasez de mano de obra en algunos sectores de la economía", afirma el informe.
Desde el golpe de 2021, la comunidad internacional ha impuesto sanciones económicas para limitar la capacidad de los generales militares de enriquecerse con los recursos naturales y las empresas bajo su control, pero los militares eluden las sanciones vendiendo madera, incluso de contrabando, principalmente a India y China.
La mala gestión de la economía por parte de los militares ha provocado una crisis económica para gran parte de la población, haciendo que los índices de pobreza se hayan duplicado de marzo de 2020 hasta la fecha. Como afirma el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, casi la mitad de la población vive ahora en la pobreza y las poblaciones rurales corren el riesgo de morir de hambre. El ejército impone nuevas restricciones de acceso a las zonas afectadas por la violencia y el conflicto. Además, las principales rutas de suministro y las vías fluviales de todo el país están bloqueadas, lo que impide a los trabajadores humanitarios llegar a 17,6 millones de personas necesitadas.
(PA) (Agencia Fides 14/6/2024)
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