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Colombo (Agencia Fides) – “A pesar de los esfuerzos por abordar los significativos desafíos políticos, sociales y económicos que Sri Lanka ha sufrido en los últimos años, la situación persiste sin mejoras. En respuesta al creciente descontento popular, los políticos buscan implementar medidas de control social más estrictas en el país, incluyendo la prohibición de críticas y protestas”, como declara el cardenal Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo a la Agencia Fides. “Los actuales líderes políticos y parlamentarios, así como sus predecesores, parecen protegerse mutuamente con el único propósito de mantener el statu quo y aferrarse al poder. Nos enfrentamos a serias dificultades en el ejercicio normal de la democracia”.
Cabe destacar que estos días, los obispos de Sri Lanka se encuentran en Roma para su periódica visita ad Limina Apostolorum.
El cardenal Ranjith continúa explicando: “Junto con otros grupos de la sociedad civil, hemos impugnado ante el Tribunal Supremo un proyecto de ley sobre seguridad online presentado en el Parlamento. Este proyecto de ley, que consideramos censurador, impone restricciones significativas a la libertad de expresión y los derechos fundamentales, garantizados por la Constitución, interviniendo especialmente en las redes sociales”. Además, establece penas de cárcel y fuertes multas para aquellos que infrinjan sus disposiciones. Según grupos de derechos humanos, representa “un intento de sofocar las críticas al gobierno”.
Otro aspecto alarmante, señalado por el arzobispo de Colombo, es la “ley antiterrorista”, la cual “concede amplios poderes para inculpar a personas sospechosas de actividades contra el Estado. Sin embargo, la definición genérica de los delitos permite el uso arbitrario de la ley, incluso para deshacerse de opositores políticos o ciudadanos incómodos. Esto constituye un verdadero peligro para la justicia y la democracia”.
Además de todo lo mencionado, el cardenal enfatiza que “el capítulo relacionado con las víctimas de los atentados de Semana Santa de 2019 aún está pendiente. La Iglesia católica continuará en la búsqueda de la verdad sobre estos lamentables sucesos, exigiendo justicia para las víctimas. No podemos aceptar pasivamente la versión de los hechos presentada por el Gobierno y resignarnos a vivir sin ninguna preocupación o problema”. Sin embargo, el cardenal añade que “nuestros pensamientos no se limitan solo a la comunidad católica, sino que abarcan a toda la nación. La gente está sufriendo, la crisis social y económica sigue afectando a las familias. Un tercio de la población apenas tiene suficiente para alimentarse una vez al día y sufre problemas de malnutrición”.
Además prosigue diciendo que “las comunidades católicas, en todas sus manifestaciones, despliegan considerables esfuerzos para respaldar a las familias más necesitadas. El Papa Francisco nos ha brindado apoyo mediante dos tandas de contribuciones económicas, y Cáritas Internationalis sigue una línea similar. Pero estas acciones caritativas abordan la emergencia y no constituyen medidas estructurales. En la raíz de la cuestión se encuentra el problema inherente a la política, la cual debería orientarse hacia el bien común en lugar de salvaguardar intereses particulares”.
El cardenal también aborda la intención expresada por el Gobierno de “desplegar al ejército para controlar posibles marchas de protesta y descontento social. Las elecciones generales programadas para 2024 serán de vital importancia, ya que la población tiene un ferviente deseo de poder expresarse. Según algunos observadores, existe la posibilidad de que el Parlamento posponga la votación con algún pretexto. No obstante, esto podría desencadenar una nueva y considerable ola de protestas populares, semejante a la acontecida en la primavera de 2022”.
En su llamado a seguir un camino de transparencia y democracia, el cardenal Malcolm Ranjith concluye afirmando que “todos los sectores de la sociedad en Sri Lanka están unidos. Incluso los líderes budistas, hindúes y de otras confesiones, con quienes hemos desarrollado un diálogo fructífero y mantenemos buenas relaciones, están de acuerdo y desean preservar, junto a nosotros y con toda la sociedad civil, los valores constitucionales, las garantías y los derechos de ciudadanía. Aunque el camino en esta etapa sea arduo, continuaremos desempeñando nuestro papel al lado del pueblo con confianza, trabajando por el bien común y dando testimonio de la verdad del Evangelio”.
(PA) (Agencia Fides 10/11/2023)
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