AMÉRICA/GUATEMALA - Los centros de acogida temporal de inmigrantes “acaban siendo centros de detención, donde se violan los derechos humanos”

Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) - «Como más de alguna vez lo hemos dicho, “Guatemala tiene la obligación primaria de cumplir y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos hombres y mujeres para permanecer en su país en condiciones dignas y acorde a sus derechos”, al no cumplir con esta responsabilidad Guatemala y especialmente los funcionarios de turno son corresponsables de los hechos acontecidos en el incendio de la estación migratoria en México». Así escribe la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, en un “pronunciamiento público de solidaridad e indignación” sobre el trágico incendio en Ciudad Juárez que ha costado la vida de 39 migrantes (véase Fides 30/3/2023).
De las 39 víctimas, según las autoridades, 18 eran de Guatemala, 7 de El Salvador, 7 de Venezuela, 6 de Honduras y 1 de Colombia. Todos eran hombres, con edades comprendidas entre los 18 y los 51 años. Los 28 heridos eran 10 de Guatemala, 8 de Honduras, 5 de El Salvador y 5 de Venezuela.
La Pastoral de Movilidad Humana expresa sus condolencias y solidaridad “con las familias de todas las víctimas del trágico incendio, en especial con las familias de personas guatemaltecas fallecidas en el lamentable y condenable hecho”. Invocando el consuelo de Dios Padre para las familias de las víctimas, espera la ayuda divina para “transformar la indignación e impotencia en acciones concretas y permanentes de solidaridad” respondiendo a la petición de una vida digna para quienes se ven obligados a buscar mejores condiciones de vida ante el abandono y la inacción de los estados involucrados, de origen tránsito y destino.
En el texto, recibido en la Agencia Fides, se subraya que estos centros de recogida temporal de inmigrantes, “terminan siendo centros de detención, donde se vulneran derechos humanos de las personas en movilidad forzada”. Por lo tanto, se reitera: “Basta de eufemismos, no debemos aceptar ni tolerar que le den palabras o expresiones suaves o decorosas a lo que verdaderamente constituye un centro de detención, que no reúne condiciones dignas ni seguras”.
Por ello, la Pastoral de la Movilidad Humana pide el acompañamiento, apoyo y preocupación concreta por parte del consulado hacia las familias de las víctimas fallecidas y heridas, como por ejemplo una repatriación digna, rápida y gratuita de los cuerpos de sus seres queridos. “En comunión con toda la Iglesia y en coherencia con el Evangelio – concluye el pronunciamiento -, renovamos nuestro compromiso pastoral en acompañar a las personas en movilidad forzada. De igual forma, clamamos a Dios, ilumine a los gobiernos involucrados, para que asuman como países de origen, tránsito, destino y deportación, su responsabilidad de crear e implementar políticas públicas y migratorias que respondan a las causas estructurales-reales que obligan a miles de personas a migrar”.
El tema de la emigración y de las leyes aplicadas por los Estados hacia los emigrantes ha sido ampliamente tratado y discutido especialmente por las Iglesias centroamericanas. Los participantes en el VIII encuentro de obispos y agentes de pastoral de la frontera sur de México y países centroamericanos, celebrado en agosto del 2022 en Antigua, Guatemala, (véase Fides 1/9/2022) habían pedido “a los líderes sociales y políticos de nuestros países que actúen con decisión, implementando acciones y políticas locales y regionales que promuevan un desarrollo inclusivo y armónico, respetando las leyes y acuerdos vigentes”.
Iglesias locales en países centroamericanos “están llamadas a reforzar la pastoral de la movilidad humana, especialmente donde la presencia de nuestros hermanos y hermanas migrantes es más grande, a fortalecer los espacios de articulación nacional y regional y a compartir experiencias de servicio a las personas migrantes, refugiadas, desplazadas víctimas de trata, para mejorar en nuestra labor, monitorizando permanentemente la situación”. El texto final señala que los gobiernos de la región “siguen aplicando modelos de desarrollo que profundizan las desigualdades socioeconómicas y acentúan la precaria condición en que vive la mayoría de la ya empobrecida población”.
(SL) (Agencia Fides 31/3/2023)

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