ASIA/MYANMAR - Con la ley marcial en 37 ciudades más, el ejército está decidido a "aplastar toda resistencia".

Mandalay (Agencia Fides) - Con la imposición de la ley marcial en 37 ciudades más de todo el país, incluidos los bastiones de la resistencia en las regiones de Sagaing y Magwe, la presión del gobierno militar de Myanmar sobre la población civil es definitivamente cada vez más fuerte, con el fin de "aplastar cualquier posible rebelión", señala una fuente de la Agencia Fides en el país. "El sufrimiento de inocentes y el desplazamiento de civiles, mujeres, niños y ancianos, está alcanzando niveles insoportables. La crueldad de los militares hacia la población es terrible, al igual que los crímenes de guerra", señala la fuente de Fides que reside en la zona de Mandalay.
La ley marcial se ha decretado un día después de que el régimen prorrogara el "estado de emergencia" otros seis meses, dos años después del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. El líder de la Junta, Min Aung Hlaing, ha declarado públicamente que "hay que reforzar la seguridad en 65 de los 330 municipios del país para restablecer el Estado de derecho" y, con la aprobación de la nueva medida, la ley marcial entra oficialmente en vigor en 37 nuevos municipios, repartidos por ocho estados, que están bajo el control directo de los comandantes regionales. El régimen había declarado la ley marcial en partes de Yangón, Mandalay y las provincias del estado de Chin en 2021.
Entre los nuevos municipios bajo ley marcial, 11 se encuentran en la región de Sagaing, a orillas del río Irrawaddy, al suroeste de Mandalay. Aquí, la acción militar del ejército se ha intensificado en las últimas semanas, obligando a otros 6.000 civiles a huir de sus hogares ante el avance de las tropas. Según un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, en la maltrecha región de Sagaing -considerada uno de los bastiones de la resistencia de las Fuerzas de Defensa Popular- los combates han obligado en dos años a casi 650.000 personas a abandonar sus hogares y vivir en campos de refugiados, refugios improvisados o en los bosques.
La junta también ha anunciado que los tribunales militares examinarán todos los casos de violación de la ley marcial, advirtiendo a la población de que pueden imponerse castigos como la cadena perpetua y la pena de muerte. Además, en estos casos no se admitirán recursos contra los veredictos, a excepción de la condena a muerte, para la que se puede apelar directamente al general Min Aung Hlaing, jefe de la junta, para que dicte una resolución definitiva e inapelable.
Hlaing ha afirmado ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que 198 de los 330 municipios del país son actualmente "estables y pacíficos" y que es necesario redoblar los esfuerzos para sofocar cualquier protesta.
Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), de la que forma parte Myanmar, reunidos en Yakarta en los últimos días, han abordado la cuestión birmana durante la cumbre: la presidenta de turno, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha propuesto a los miembros de la Asociación la aplicación inmediata del plan de paz de cinco puntos, acordado con la propia junta birmana en abril de 2021, que prevé el fin de la violencia y el diálogo entre los militares y los rebeldes. La ASEAN ha informado de un "amplio consenso de todos los países" sobre la propuesta. Aunque Myanmar sigue siendo miembro de la ASEAN, la nación fue excluida de las cumbres de alto nivel precisamente por no aplicar el plan 2021.
(PA) (Agencia Fides 9/2/2023)

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