AMÉRICA/BOLIVIA - Preocupación por el aumento de la violencia, la Iglesia dispuesta a ser facilitadora del diálogo

Santa Cruz (Agencia Fides) – “Como pastor de esta porción del pueblo de Dios que es Santa Cruz, expreso mi profunda preocupación por el aumento de la espiral de violencia que genera más violencia. Es lamentable vivir una situación de dolor y de sufrimiento provocada por el desacuerdo existente sobre la fecha del Censo de Población y Vivienda, que desde el sentido común, debería ser motivo de unidad, de alegría, de esperanza de días mejores para todos”. Así lo escribe el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue Cesarí, en un mensaje publicado ayer 27 de octubre.
El arzobispo recuerda que “como Iglesia Católica es nuestra misión estar al lado de nuestro pueblo” por lo que lanza un “vehemente llamado a las autoridades competentes” (gubernamentales, departamentales, cívicas y otras instituciones) que están llamadas a dar solución a este problema, dejando de lado sus intereses personales, partidarios o sectoriales, y demostrando su capacidad de servicio.
Mons. René Leigue Cesarí se dirige al pueblo de Santa Cruz para que no caiga “en las provocaciones violentas que están generando algunos, no queremos más dolor, sino más bien busquemos la paz para Bolivia y especialmente Santa Cruz”.
Según la información recabada por la Agencia Fides, la región de Santa Cruz, la más rica de Bolivia y considerada el motor económico de todo el país, lleva seis días de huelga indefinida para exigir que el Gobierno realice el censo de población en 2023 y no en 2024. El último censo fue en 2012, el próximo debía ser este año, pero el gobierno anunció su aplazamiento hasta 2024 debido a los problemas causados por la pandemia.
En Bolivia, los impuestos están centralizados y los ingresos se distribuyen en función de la población de cada departamento o región, según el censo. El Comité Cívico de Santa Cruz, que agrupa a las organizaciones locales, considera que el aplazamiento del censo no sólo perjudica a la región por razones económicas, sino también por razones políticas, ya que el reparto de escaños en la Cámara de Diputados depende de los resultados del censo. Si se realizase en 2023, los resultados podrían aplicarse en las elecciones de 2025, y se estima que darían a Santa Cruz tres diputados más. Sin embargo, el gobierno acusa al comité cívico de utilizar el censo como pretexto para movilizar a la oposición y desestabilizar al gobierno.
La decisión de la huelga ha desencadenado una serie de enfrentamientos, algunos violentos, entre los que están a favor y los que están en contra, que luego se han extendido a otras ciudades como La Paz y Cochabamba. Hasta ahora se ha registrado un muerto y varios heridos. Desde la medianoche del jueves 27, el gobierno boliviano ha prohibido temporalmente la exportación de seis productos alimentarios básicos, entre ellos la soja, el azúcar y la carne de vacuno, debido a la huelga en la región agrícola de Santa Cruz, por "riesgo de desabastecimiento".
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor organización del país, ha instado a retomar el diálogo ante la escalada de violencia y una situación cada vez más descontrolada por decisiones políticas “que están conduciendo peligrosamente a un escenario de confrontación entre bolivianos y a una violación generalizada de los derechos y garantías constitucionales”. La Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación por las protestas sociales que “violan los derechos humanos”, por lo que ha llamado a las partes en conflicto a deponer toda actitud que les impida emprender el camino del diálogo.
La Conferencia Episcopal Boliviana, en su comunicado del 25 de octubre titulado “Diálogo por el bien de nuestro pueblo”, expresa una fuerte preocupación por lo que está ocurriendo, y subraya que la Iglesia Católica no ha expresado en ningún momento, directa o indirectamente, su deseo de ser mediadora en el conflicto, sino que siempre ha estado dispuesta a ser facilitadora del diálogo. “Como Iglesia siempre estaremos dispuestos a facilitar el diálogo en busca del bien común de la gente. Creemos que es importante saber distinguir entre la tarea de mediación y la de facilitación. Por eso afirmamos que siempre estaremos dispuestos a orientar, a ofrecer criterios, a facilitar el diálogo, a ayudar a alcanzar acuerdos, pero no a mediar”, dice el texto.
Además, la Conferencia Episcopal reitera su llamamiento para que las partes en conflicto puedan sentarse a la mesa de negociaciones y dialogar sinceramente, “con espíritu abierto, sin amenazas ni intransigencias, en la búsqueda de la paz, la verdad y la justicia”.
(SL) (Agencia Fides 28/10/2022)

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