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Lahore (Agencia Fides) – Justicia por el asesinato del Ministro católico Shahbaz Bhatti; un compromiso serio del gobierno para proteger a las minorías religiosas en el país: es lo que piden hoy, 2 de marzo, las organizaciones que defienden los derechos humanos, en el primer aniversario de la muerte del Ministro Bhatti, asesinado hace un año en Islamabad por un grupo de extremistas.
“El gobierno de Pakistán no protege a las minorías religiosas de las campaña sistemáticas de violencia y difamación”, señala Sam Zarifi, responsable de la región Asia-Pacífico de Amnistía Internacional, en un comunicado enviado a la Agencia Fides. “Las autoridades paquistaníes debería recoger el legado de Bhatti, desafiando a la campaña sistemática de difamación y ataques contra las minorías”, comenta. Las minorías religiosas en Pakistán, continua el texto, a menudo son víctimas de acusaciones de blasfemia, pero las víctimas son en su mayoría musulmanas: esto significa “el peligro que esta ley representa para todos los miembros de la sociedad paquistaní”. Amnistía señala que en 2009 el actual gobierno se comprometió a revisar “las leyes que perjudican la armonía religiosa”, pero luego se ha mantenido “inactivo y en silencio” en este campo.
A la petición de hacer justicia a Bhatti se asocia también la Ong “Christian Solidarity Worldwide” (CWS), señalando que el caso hasta ahora ha sido “dejado al oscuro por la incoherencia y la especulación”. CSW se une al APMA (“All Pakistan Minorities Alliance”) para pedir una comisión especial de investigación judicial para el caso, poniendo de manifiesto a Fides: “Es fundamental que las investigaciones sobre el asesinato de Bhatti lleguen a una conclusión satisfactoria, no sólo para hacer justicia y para honrar la memoria de Shahbaz, sino también para aclarar que el estado de derecho aún significa algo en Pakistán”.
La Comisión de los EE.UU. sobre la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), está de acuerdo en la falta de compromiso por parte del gobierno e insta a “la comunidad internacional a ejercer presión sobre Pakistán para esclarecer la verdad sobre el caso, de forma que todo paquistaní sepa que aquellos que cometen actos de violencia serán llamados a rendir cuentas”. Según la USCIRF, “las declaraciones de algunos funcionarios del estado, que niegan la responsabilidad de los talibanes paquistaníes, son absurdas. El gobierno de Pakistán debe poner fin a esta farsa y rechazar la cultura de la impunidad que azota el país”.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Ong “Human Rights First”, recuerda que “como resultado del asesinato de Salman Taseer y de Shahbaz Bhatti, el debate sobre la reforma de la ley sobre la blasfemia en Pakistán se ha dejado de lado. La presión ejercida por los grupos religiosos ha tenido éxito consiguiendo que se retire el proyecto de ley que reforzaba los requisitos legales para las pruebas y castigaba a quienes realizan falsas acusaciones de blasfemia. Sin estos cambios, sigue siendo muy fácil abusar de la ley”. La Ong denuncia que “los abogados y los jueces suelen ser objeto de intimidación y violencia y por tanto, reacios a asumir casos de blasfemia”, mientras que los extremistas “están dispuestos a hacerse justicia por sí mismos si el juez no emite un veredicto de culpabilidad”. (PA) (Agencia Fides 2/3/2012)
