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Islamabad (Agencia Fides) - La trágica historia de Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte injustamente por blasfemia y encarcelada en la cárcel de Shiekupura (en Punjab), llama la atención sobre la vieja cuestión de la degradación de las cárceles paquistaníes. Los presos en Pakistán son más de 78 mil, 33 mil más en exceso, según la disponibilidad de instalaciones, y 50 mil de ellos están en espera de juicio. En las cárceles reinan la tortura, la violencia, las drogas y la impunidad.
En "un informe publicado ayer, 12 de octubre, y enviado a la Agencia Fides, titulado" La reforma del sistema penitenciario en Pakistán ", el International Crisis Group (ICG) think-tank de nivel internacional, afirma que el sistema penitenciario es corrupto y disfuncional ". Su reforma es fundamental para frenar la creciente delincuencia, la militancia, el deterioro del sistema de justicia penal y aplicar realmente el Estado de Derecho, señala el informe.
El sistema "no puede prevenir o perseguir delitos, protege a los poderosos, y victimiza a los pobres y débiles", como Asia Bibi. Las prisiones, dice el informe, "en gran medida superpobladas y mal gestionadas, se convierten en un caldo de cultivo para el crimen y la militancia: los prisioneros tienen más probabilidades de regresar a la delincuencia en lugar de abandonarla".
"Gracias a las leyes y los procedimientos obsoletos, el sistema de justicia penal se caracteriza por largas detenciones sin juicio", dice el ICG. Por otra parte, teniendo en cuenta los mecanismos de control limitados, "tortura y otros abusos están a la orden del día" y la vida en la cárcel es "un continuo abuso de drogas, violencia y crimen". El fenómeno de las detenciones ilegales y arbitrarias, organizado por los militares, aumentan el descontento de la población local, creando un terreno fértil en la cárcel para reclutar militantes.
El informe concluye: "El tratamiento y las condiciones de los reclusos son un criterio clave para mostrar la voluntad del Estado para defender el imperio de la ley, mejorando el acceso a la justicia y protegiendo a los ciudadanos". El ICG pide al gobierno, por lo tanto, una reforma urgente del sistema de justicia penal en Pakistán, para dar verdaderas garantías constitucionales a todos los ciudadanos y hacer valer el imperio de la ley. (PA) (Agencia Fides 13/10/2011)
