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Manila (Agencia Fides) – La serie de delitos políticos y ejecuciones sumarias contra activistas de los derechos humanos que desde hace algunos años afecta a las Filipinas ha vuelto a golpear a un sacerdote católico. Se trata del p. Cecilio Lucero, asesinado el día de ayer, 6 de setiembre, por un grupo de hombres armados en la provincia de Samar del Norte, al sur de la capital Manila.
Según fuentes de la policía local, el sacerdote viajaba en su auto cuando fue detenido por unas 30 personas que hicieron fuego asesinándolo al instante. Otras dos personas que estaban con él en el vehículo fueron gravemente heridas.
P. Lucero, párroco de la ciudad de Catubig, era considerado por todos un defensor de los más débiles y un activista a favor de los derechos humanos. Era responsable de la Comisión por los Derechos Humanos de la diócesis de Catarman, a la que pertenecía, y había comenzado varias iniciativas y proyectos en defensa de los pobres, denunciando abusos de poder. Tenía además algunos parientes involucrados en la política en la provincia de Samar del Norte. Este hecho, según los investigadores, podría estar relacionado al homicidio: una especie de venganza o de advertencia trasversal de tipo político.
En la región de Samar del Norte son numerosos los homicidios de políticos, periodistas, agentes sociales y pastorales que osan alzar la voz para defender los derechos humanos de las categorías más débiles o acusar de corrupción a los potentes. En los últimos seis meses los homicidios en la región han sido 18.
Entre los sacerdotes que han recibido amenazas y que arriesgan su vida por su compromiso social en Filipinas se pueden mencionar en el pasado al P. Feliciano Nalzaro, sacerdote comprometido en primera fila en la defensa de los derechos humanos, y el P. Peter Geremia (Pime), activo en la defensa de las minorías indígenas.
Según el “Informe Melo”, publicado en el 2007, por la así llamada Comisión Melo, creada por el gobierno Arroyo, sectores desviados del ejército filipino son los responsables en larga parte de los homicidios de periodistas, activistas, políticos y sindicalistas cometidos en los últimos años. El informe denuncia la colusión y la complicidad del ejército también en el sostener y apoyar a grupos armados de paramilitares a los que confían los “trabajos sucios” de las ejecuciones sumarias que, según la organización para los derechos civiles “Karapatan”, han superado desde el 2001 hasta el día de hoy más de 900 casos. (PA) (Agencia Fides 7/09/2009 líneas 30 palabras 418)
