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diocesi di Ipiales
Por Laura Gómez Ruiz
Ipiales (Agencia Fides) – «En la Iglesia, la parroquia no es solo un templo: es toda la comunidad, son las familias, los niños, los jóvenes y los mayores que hoy viven días de dolor, incertidumbre y miedo por la violencia que golpea sus territorios». Con estas palabras, monseñor José Saúl Grisales Grisales, obispo de Ipiales, expresa la preocupación por las comunidades del departamento colombiano de Nariño, afectadas por enfrentamientos que han provocado desplazamientos y confinamientos y han dificultado la llegada de ayuda humanitaria.
Situado en el suroeste de Colombia, en la frontera con Ecuador y con salida al Pacífico, Nariño cuenta con 64 municipios y unos 1,71 millones de habitantes, el 56 % de los cuales vive en centros poblados y zonas rurales dispersas. Su posición estratégica, atravesada por corredores que conectan la frontera con la costa, favorece las disputas por el control territorial y agrava la vulnerabilidad de las comunidades, especialmente cuando los enfrentamientos restringen la movilidad y el acceso a servicios esenciales.
Según un balance publicado por el medio colombiano ‘Minuto30’, a partir de datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde el pasado 18 de octubre 1.824 personas, pertenecientes a 749 familias, se han visto afectadas por los desplazamientos y confinamientos en Linares, Los Andes y La Llanada. De ellas, 1.167 permanecen confinadas y 657 han tenido que abandonar sus hogares.
La violencia también ha dañado infraestructuras y afectado a los servicios esenciales. Según la información recogida, los enfrentamientos y los ataques con artefactos explosivos lanzados mediante drones han dañado una iglesia, un acueducto comunitario, una escuela y al menos cinco viviendas. La emergencia ha afectado además a unos 1.357 niños, niñas y adolescentes y obligado a suspender temporalmente las actividades educativas en algunas zonas.
La diócesis, en auxilio de las comunidades que sufren
En este contexto, la diócesis de Ipiales difundió el 22 de octubre un comunicado en el que expresa su cercanía y solidaridad con las poblaciones de las subregiones de Abades y Guambuyaco. La preocupación se dirige especialmente a las comunidades de las parroquias Nuestra Señora del Rosario de Linares, San Juan Bautista de Sotomayor y Nuestra Señora de la Visitación de Tábiles.
El obispo recuerda a las familias que han sufrido las consecuencias directas de la violencia: «Nos unimos en oración por las familias, por las personas heridas, por quienes han perdido su hogar y han tenido que desplazarse, y por todos los que hoy ven amenazadas su vida y su tranquilidad».
Además, la diócesis dirige un llamamiento urgente a los responsables de la violencia «para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y protejan, por encima de todo, la vida, la dignidad y los bienes de las comunidades», afirma monseñor Grisales. El texto reclama también el cese de las hostilidades y un alto el fuego que permita detener el sufrimiento y evitar nuevos daños.
Cuando la violencia impide llegar a quienes necesitan ayuda
Las dificultades para acceder a las poblaciones afectadas se han manifestado durante una operación humanitaria en Linares. Según ha informado Caracol Radio, el 19 de octubre, una comisión encabezada por el secretario de Paz y Seguridad de Nariño, Álex González, consiguió evacuar a más de 300 personas de varias zonas, pero tuvo que interrumpir su recorrido después de recibir disparos cuando se dirigía a Bella Florida. Alrededor de un centenar de habitantes de esta localidad quedaron sin posibilidad de salir mediante el corredor humanitario previsto.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido de la escalada de violencia en Linares y Los Andes, donde se registraban enfrentamientos desde el día 17 entre el autodenominado Estado Mayor Central, una de las principales estructuras disidentes de las antiguas FARC-EP, que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano en 2016 y las Autodefensas Unidas de Nariño.
El confinamiento limita el acceso a alimentos, agua, atención sanitaria y otros servicios esenciales, mientras que los enfrentamientos dificultan la llegada de ayuda.
La suspensión de las actividades escolares agrava aún más las consecuencias de la violencia para los niños, niñas y adolescentes afectados.
Por todo ello, la diócesis insiste en que la población civil debe quedar al margen de las disputas armadas y recibir protección y atención adecuadas. «Pedimos también que la ayuda humanitaria pueda llegar con seguridad, sin poner en riesgo a quienes la llevan, y que llegue primero a quienes más la necesitan», subraya el obispo de Ipiales.
Una respuesta compartida para proteger a las comunidades
«Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas y a las comunidades parroquiales, escuchándolas y trabajando por la paz a su lado», afirma monseñor Grisales. El obispo invita asimismo a las instituciones, las organizaciones humanitarias y la sociedad en su conjunto a unir esfuerzos para que las familias reciban una atención adecuada y se respeten efectivamente los derechos humanos.
Este compromiso se sitúa en un contexto fronterizo en el que la violencia, las economías ilícitas y las disputas por el control territorial afectan a comunidades de ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador. En el Segundo Encuentro Binacional de Pastoral Fronteriza, celebrado en Tumaco a principios de octubre, representantes de ocho jurisdicciones eclesiásticas, junto con Cáritas Ecuador y el Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, alertaron sobre las consecuencias de estas dinámicas para la población y reclamaron una mayor cooperación para proteger la vida y los derechos humanos.
Las comunidades participantes insistieron en que la frontera no puede entenderse únicamente como una línea que separa dos países, sino como un territorio compartido por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, familias y personas migrantes. La declaración final pidió articular respuestas que garanticen la protección humanitaria y contribuyan a la construcción de la paz.
El llamamiento de la diócesis de Ipiales se inscribe en esta perspectiva de colaboración entre las Iglesias de Colombia y Ecuador, unidas por la preocupación por las personas cuya seguridad está amenazada, que pierden sus hogares o encuentran obstáculos para recibir asistencia. La colaboración entre las Iglesias locales, las instituciones y las organizaciones humanitarias es fundamental para garantizar una respuesta concreta a las comunidades afectadas.
Al concluir su comunicado, monseñor Grisales evoca las palabras del papa León XIV: «Exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz», y pide confía a la oración su deseo: «Que la paz de Cristo resucitado, esa paz humilde y perseverante de la que nos habla el Papa León XIV, llegue pronto a cada hogar».
(Agencia Fides 26/10/2026)
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