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AICU
Calcuta (Agencia Fides) – «Expresamos nuestra solidaridad con los fieles de la diócesis de Krishnanagar, la archidiócesis de Calcuta y todas las comunidades cristianas de Bengala Occidental. Estamos al lado de la comunidad cristiana santhal, cuyo derecho a celebrar el culto en su propia lengua está reconocido por la Constitución y debe ser protegido». Así lo afirma la 'All India Catholic Union' (AICU), organización de los laicos católicos de India, en un comunicado enviado a Fides en el que expresa su consternación por el ataque perpetrado el 9 de octubre de 2026 por un grupo de violentos contra la iglesia católica de San Luis, en Jalalkhali, en las afueras de Krishnanagar, en el estado de Bengala Occidental.
El ataque interrumpió un encuentro bíblico de cuatro días organizado por la comunidad santhal local, perteneciente a la diócesis de Krishnanagar. En el acto participaban más de 1.900 fieles procedentes de distintos puntos del estado.
Según los testimonios presenciales, unas 200 personas se congregaron cerca de la iglesia mientras coreaban consignas provocadoras. Algunos irrumpieron en el recinto armados con palos de bambú y ladrillos, destrozaron adornos y pancartas, arrojaron piedras contra la sala de oración y agredieron a los fieles. También rompieron el cristal protector de una estatua de Jesucristo. Al menos seis personas resultaron heridas. Los católicos de la zona que salieron a protestar fueron igualmente agredidos.
El obispo de Krishnanagar, Nirmol Vincent Gomes, ha calificado el ataque de «premeditado» y lo ha descrito como «el episodio de violencia más grave que ha sufrido nunca su diócesis». La diócesis ha presentado una denuncia formal ante la policía de Krishnanagar, invocando el artículo 25 de la Constitución india, que garantiza la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente la propia religión. Según subraya la diócesis, todos los asistentes al encuentro eran cristianos bautizados, por lo que cualquier acusación de «proselitismo» o de intento de conversión carece de fundamento.
Ante la gravedad de los hechos, la AICU pide al Gobierno que abra una investigación y haga pública la situación de todas las denuncias formales -conocidas como First Information Report (FIR)- presentadas en relación con los actos de violencia contra las comunidades cristianas. La organización recomienda asimismo consultar a los párrocos, las diócesis y las iglesias, y adoptar medidas preventivas cuando existan amenazas creíbles.
La AICU solicita también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional para las Minorías y a la Comisión de Derechos Humanos de Bengala Occidental que pongan en marcha una investigación independiente para garantizar la protección de la libertad religiosa en todos los estados de la Unión.
Según la organización, el ataque de Jalalkhali se enmarca en un clima de hostilidad que se habría intensificado desde que el Bharatiya Janata Party (BJP) asumió el Gobierno de Bengala Occidental en mayo de 2026. «Hay que preguntarse si la policía y la Administración estatal saben o quieren proteger los derechos constitucionales de los cristianos y de otras comunidades», señala Alexander Anthony, vicepresidente nacional de la AICU, quien ha anunciado que la organización tiene previsto convocar una manifestación pública en el estado.
Anthony advierte de que Bengala Occidental podría sumarse a Chhattisgarh, Odisha y Uttar Pradesh en la lista de estados «caracterizados por frecuentes episodios de violencia anticristiana». Por ello, reclama «una intervención pública del primer ministro del estado para que afirme claramente que estas agresiones no se tolerarán».
«Nos preocupa especialmente –añade- que los autores de los actos violentos hayan hecho referencia al reciente cambio de Gobierno en el estado. En Barasat, el 12 de julio (véase Fides, 14/7/2026), miembros de grupos hinduistas radicales amenazaron a las religiosas salesianas y afirmaron que ya no se permitiría su actividad ahora que el ‘Bharatiya Janata Party’ está en el poder en Bengala Occidental». El representante de la AICU concluye: «Recordamos que los artículos 14, 21 y 25 de la Constitución protegen el derecho de todas las comunidades religiosas de India a profesar y practicar su fe».
(PA) (Agencia Fides 14/10/2026)
