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Arcidiocesi di Colombo
Colombo (Agencia Fides) - «El hecho de que el recién elegido gobierno de Anura Kumara Dissanayake haya reafirmado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los atentados de Semana Santa de 2019 es, sin duda, una buena señal. Miramos al futuro con mayor esperanza de que se haga justicia. Y podemos decir que nos sentimos confiados», dice a la Agencia Fides Peter Antony Wyman Croos, obispo de Ratnapura, una ciudad en el centro de Sri Lanka, comentando el comunicado en el que el ejecutivo de Colombo ha confirmado el inicio de una nueva investigación sobre los ataques suicidas dirigidos contra tres iglesias y tres hoteles el 21 de abril de 2019, en los que 279 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas.
El portavoz del gobierno y ministro de Asuntos Exteriores, Vijitha Herath, ha vuelto a asegurar públicamente que el gobierno garantizará la justicia y que ningún individuo implicado en los atentados quedará exento de sus responsabilidades legales. «Se ha puesto en marcha una investigación exhaustiva sobre los atentados del Domingo de Resurrección. Aseguramos al pueblo de Sri Lanka que no allanaremos el camino a las injusticias. No ocultaremos ni protegeremos a nadie. Todos los responsables de ese suceso serán juzgados por los cauces legales apropiados», ha declarado el ministro Herath. Y ha añadido: «Una vez concluida la investigación, presentaremos un informe completo y revelaremos también las medidas que se adoptarán», subrayando que todos los informes de investigación que actualmente están en poder del gobierno serán cuidadosamente revisados para garantizar su «exhaustividad y exactitud».
En su visita estos días a la iglesia católica de San Sebastián, en Negombo, uno de los templos atacados en 2019, el mismísimo presidente Anura Kumara Dissanayake ha prometido justicia a la asamblea de fieles: «Existe la creencia generalizada en la sociedad de que los atentados del Domingo de Resurrección pueden haberse llevado a cabo para obtener beneficios políticos», ha declarado.
Cabe recordar que en días pasados, el Tribunal Supremo de Sri Lanka inició un proceso por «desacato» contra Nilantha Jayawardena, ex director del Servicio de Inteligencia del Estado (SIS), por no pagar las indemnizaciones a las víctimas de los atentados de 2019. El hombre había sido condenado a pagar 75 millones de rupias (unos 25 mil euros) en indemnizaciones a las víctimas de los atentados de Semana Santa, pero hasta ahora sólo ha abonado 10 millones de rupias. El 12 de enero de 2023, estimando los recursos de las familias de las víctimas, el Tribunal Supremo condenó a cuatro políticos y funcionarios del gobierno, entre ellos el ex presidente nacional Maithripala Sirisena, a pagar una cuantiosa multa por no impedir los atentados, a pesar de las advertencias de los servicios de inteligencia emitidas antes de los ataques. Entre ellos, además del ex presidente Sirisena, se encuentran: Pujith Jayasundera, inspector general de policía; Hemasiri Fernando, ex ministro de Defensa; Sisira Mendis, ex jefe de inteligencia. Pero mientras los procesos por «omisión de precauciones» han identificado a los responsables, cinco años después de aquellos trágicos sucesos aún no hay nada claro sobre los organizadores e instigadores de las masacres, un punto sobre el que la Iglesia católica sigue pidiendo «justicia y transparencia».
Además de ese capítulo, la atención se centra en el plano social, ámbito en el que el nuevo gobierno deberá intervenir para paliar la grave crisis económica. El obispo Croos recuerda que «la gente espera del nuevo presidente medidas de apoyo a la economía, que alivien las dificultades de las familias, que mejoren el empleo. Y, además de las medidas a medio y largo plazo, existe también la necesidad urgente, a corto plazo, de apoyar especialmente a los más pobres, que actualmente luchan por el sustento diario».
(PA) (Agencia Fides 16/10/2024)
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