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Seúl (Agencia Fides) - El People Power Party (PPP), el partido en el poder del presidente coreano Yoon Suk Yeol, está discutiendo internamente la posible dimisión de Yoon el próximo mes de febrero, dadas las reacciones populares y los movimientos del parlamento, que está tratando de organizar la destitución del presidente. El PPP habla de posibles elecciones anticipadas en abril o mayo de 2025 y, para promover una transición lo más “suave” posible, ha puesto “bajo tutela” al presidente, que dejará de participar en los asuntos de Estado.
Los partidos de la oposición, por su parte, están presentando mociones en el Parlamento para destituir al presidente, con la votación en aula prevista para el 14 de diciembre. Mientras tanto, la fiscalía coreana dictó el 3 de diciembre una orden de detención contra el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, acusado de conspirar con el presidente Yoon Suk Yeol para imponer la ley marcial. Se acusa al ministro de ordenar al ejército que bloqueara militarmente el Parlamento, al que, en cambio, según la Constitución, se debería haber notificado la medida de “ley marcial”: el Parlamento luego podría pedir su cese por mayoría de votos.
En la comunidad católica, grupos, asociaciones y parroquias apoyan públicamente la destitución: el movimiento “Acción Católica por el Clima” ha promovido una concentración de oración y sensibilización frente al edificio de la Asamblea Nacional, a la que han asistido unos 200 fieles, pidiendo la destitución e invocando la plena implicación de los cristianos “por el bien común”.
El padre Lim Hyeon-ho, vicepresidente del Comité de Pastoral Medioambiental de la archidiócesis de Seúl, explica: "La política es amor y servicio al bien común, pero la política actual está causando dolor y sufrimiento". El padre Park Joo-ryung, otro de los sacerdotes presentes, subraya: "El estado actual de las cosas también puede ser el resultado de nuestra negligencia, indiferencia e irresponsabilidad: estamos llamados a reflexionar y actuar juntos". Los ciudadanos presentes han pedido a los parlamentarios, especialmente a los del People Power Party, el partido de Yoon, que voten a favor de la destitución.
Don Cho Seung-hyeon, sacerdote y periodista del servicio de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Coreana, explica: "A causa de esta ley marcial ilegal, la confianza del pueblo en el presidente Yoon se ha roto en nuestra república democrática. ¿Quién seguiría a un presidente que envía soldados a la Asamblea Nacional sólo porque no consigue lo que quiere?". Y continúa: "Los llamamientos a la dimisión del presidente proceden de todos los ámbitos de la vida y del mundo político. Los seis partidos de la oposición le acusan de traición. La Confederación Coreana de Sindicatos ha iniciado una huelga general indefinida, exigiendo su dimisión".
La Comisión Nacional de Justicia y Paz y la Asociación de Superiores de Congregaciones Religiosas masculinas y femeninas también se han pronunciado en este sentido. En una declaración conjunta, firmada también por otros organismos como todas las Comisiones de “Justicia y Paz” de las diócesis coreanas, se afirma: “Pedimos a la Asamblea Nacional, los representantes del pueblo, que impugnen al presidente lo antes posible”. “Lo que debe hacer el presidente es dimitir, y si no, la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional deben recurrir y aprobar la medida de destitución lo antes posible”. Este paso, se afirma, es necesario “para evitar el caos nacional”. “Ahora es el momento de demostrar que el pueblo gobierna, y que el presidente no es el dueño del país”, concluye.
Mientras tanto, crecen las especulaciones entre los analistas sobre los motivos que llevaron al presidente a actuar como lo hizo. El presidente estaba sometido a una intensa presión del Partido Demócrata y de las demás oposiciones que tienen el control de la mayoría en la Asamblea Nacional, obtenida en las elecciones parlamentarias de abril de 2024: el escenario político era, por tanto, una mayoría legislativa contra la administración del presidente en el poder en la Casa Azul (el palacio presidencial de Seúl). Los miembros de la oposición cuestionaban muchas de las decisiones del presidente y el propio Yoon era bastante impopular: según algunas encuestas, sólo el 20% de los ciudadanos surcoreanos apreciaban sus políticas. Pero, ¿puede un estancamiento político, un enfrentamiento en torno a la ley presupuestaria u otras cuestiones sociales justificar un acto como el ocurrido?
Corea del Sur posee una larga historia de gobiernos militares autoritarios y dictaduras. Lo ocurrido el 3 de diciembre, con la ley marcial y la intervención del ejército, hizo que ese recuerdo volviera inmediatamente a la mente de los ciudadanos.
A nivel de equilibrios internacionales, uno también se pregunta: ¿qué sabía Estados Unidos de las intenciones presidenciales? Un portavoz estadounidense ha negado que Washington conociera esas intenciones. Corea del Sur es un país que formalmente sigue en guerra con el Norte, interrumpida por un acuerdo de armisticio. Y hay docenas de bases estadounidenses y más de 24.000 soldados norteamericanos en Corea del Sur. Todos los golpes militares anteriores -recuerda la revista estadounidense “National Review”, del área “conservadora”- han recibido “luz verde” de Estados Unidos, y ello porque Estados Unidos tiene el control de todas las tropas en Corea del Sur. Parece, pues, improbable, si no imposible, que Washington desconociera el acto del presidente coreano.
(PA) (Agencia Fides 10/12/2024)
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