ASIA/MYANMAR - Huelga silenciosa dos años después del golpe, una nación desgarrada por el conflicto civil

miércoles, 1 febrero 2023 golpe   guerra civil   violencia  

Yangon (Agencia Fides) - Hoy reina un silencio fantasmal en las ciudades, pueblos y campos de Myanmar. Las calles vacías muestran el descontento y la disconformidad populares. Amplios sectores de la población civil, comunidades religiosas, asociaciones, empresas, ciudadanos de a pie, se han sumado a la huelga silenciosa organizada por las fuerzas democráticas de Myanmar en el segundo aniversario del golpe militar que subvirtió el orden establecido el 1 de febrero de 2021.
Hace dos años, el general Min Aung Hlaing y otros miembros del “Consejo de Administración del Estado”, nombre formal de una junta militar, se hicieron con el poder o tras derrocar a un Parlamento elegido democráticamente, alegando supuestas irregularidades electorales en los comicios de noviembre de 2020.
La protesta popular, que se convirtió primero en un movimiento de desobediencia civil y disidencia pacífica masiva, fue reprimida y gradualmente pasó a ser una oposición armada, con la aparición de las "Fuerzas de Defensa del Pueblo", milicias espontáneas formadas en muchas ciudades y regiones.
“Las condiciones en el país han ido de mal en peor y se han vuelto terribles para innumerables personas inocentes de Myanmar”, ha denunciado Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Myanmar, instando a los Estados miembros de la ONU a abordar la crisis. “El ejército birmano comete a diario crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como violencia sexual, tortura, ataques deliberados contra civiles y asesinatos”, ha afirmado, informando de que hay más de 1,2 millones de desplazados internos, víctimas del conflicto civil. Todos ellos, como señalan fuentes de Fides en Myanmar, se ven obligados a buscar refugio en los bosques durante semanas, carecen de refugio adecuado, alimentos y atención médica, asistencia humanitaria, servicios sociales y educación. Según la ONU, al menos 70.000 refugiados birmanos han abandonado completamente el país y siguen siendo vulnerables a la explotación laboral y otros abusos.
Casi 3.000 personas murieron durante la represión militar, de entre los manifestantes prodemocráticos. Otras víctimas mueren en ofensivas del ejército contra las milicias étnicas. Los ataques militares han matado a 265 niños en los últimos dos años, 59 de los cuales tenían 9 años o menos. En la campaña de contrainsurgencia, las fuerzas militares han quemado unas 50.000 casas en todo Myanmar. Los ejércitos de las minorías étnicas rakhine, chin, kachin, shan, karenni y karen han unido sus fuerzas a la milicia de Defensa del Pueblo, formada por ciudadanos de Bamar, el principal grupo étnico de la nación.
Según cifras facilitadas por la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (Birmania), 13.680 personas siguen encarceladas por motivos políticos. Entre los presos hay dirigentes de la depuesta "Liga Nacional para la Democracia", que ganó las elecciones en 1990, 2015 y 2020. La ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi, de 77 años, cumple actualmente una condena de 33 años. La junta también dictó 143 sentencias de muerte con intención disuasoria: entre los ejecutados se encontraban el diputado Phyo Zeya Thaw y el poeta disidente Jimmy Ko, acusados de "amenazar la tranquilidad pública".
Los lugares de culto, a menudo oasis para los desplazados, también se han visto afectados por el conflicto. Los ataques a iglesias y monasterios han generado la condena unánime de los líderes religiosos, que han hecho apasionados llamamientos al cese de las hostilidades y a la paz. “Instrumentos internacionales como la Convención de La Haya exigen la protección de lugares de culto, escuelas y hospitales: con dolor y angustia nos preguntamos: ¿por qué se atacan y destruyen estos lugares sagrados?”, escribieron en un mensaje reciente. La población de Myanmar está agotada por dos años de guerra civil.
(PA) (Agencia Fides 1/2/2023)


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