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San José (Agencia Fides) – No podemos ser indiferentes ante una posible crisis humanitaria si no atendemos de forma integral lo que viene aconteciendo en nuestro país. A la situación ya de por sí compleja de la migración nicaragüense, se suma la de grupos procedentes de otras partes del continente, entre los cuales la situación de los venezolanos es crítica; pero también de otras partes del mundo que usan a nuestro país como territorio de tránsito hacia Estados Unidos”. Lo escribe Mons. Daniel Blanco Méndez, Obispo Auxiliar de San José, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de la Movilidad Humana, con motivo del Día Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra el domingo 25 de septiembre.
El obispo cita el mensaje del Santo Padre Francisco: la construcción del futuro es una tarea en la que debemos participar todos, “porque el proyecto de Dios es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales, entre los que hay muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de trata”. Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, en Panamá se registró el paso de 102.067 personas que se trasladaron a Costa Rica, recuerda Mons. Daniel Blanco Mendez. “Las causas que, independientemente del país de origen, fuerzan su desplazamiento son diversas: persecución política, inseguridad y violencia, exclusión y pobreza, incluso la crisis climática y desastres ambientales. Muchos expuestos a ser víctimas de la trata de personas, de los traficantes que abusan de ellos, de la delincuencia común e, incluso, de las autoridades”.
El obispo subraya que, a pesar de todos estos aspectos evidentes, todavía no hemos tomado conciencia de sus alcances y naturaleza crítica. En varias localidades se observa la concentración de estos grupos: la zona sur, la ciudad de San José, Ciudad Quesada, Los Chiles, Upala y La Cruz, pero hay también una creciente presencia, prácticamente, en todas la diócesis de Costa Rica en condiciones de riesgo y abandono. “Es probable que una gran cantidad de dichas personas no puedan continuar su camino y deban permanecer de manera involuntaria e indefinida en Costa Rica, muchos porque se quedaron sin dinero o no poseen los medios para solventar los obstáculos derivados del cierre de fronteras que les impide entrar y transitar por otros países vecinos”.
En su conclusión, Monseñor Daniel Blanco Méndez reitera que la respuesta de la Iglesia debe ser siempre la de aportar recursos y capacidad de respuesta a este drama humano, organizando la ayuda humanitaria. “Hacemos una llamado a la sociedad costarricense y de manera especial y respetuosa a las autoridades de Gobierno de la República y a las instituciones – prosigue el obispo - para que asumamos esta situación desde una perspectiva de derechos humanos y, por lo tanto, les instamos a que se disponga de los recursos necesarios para asegurarles el paso y su estadía en nuestro país de una manera digna”.
(SL) (Agencia Fides 24/9/2022)
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