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Manila (Agencia Fides) – El uso de la “ley marcial” en Maguindanao debe ser una medida extrema y de breve duración: el objetivo es en efecto el combatir la impunidad y restablecer el estado de derecho. Un serio problema a ser afrontado es la circulación y la proliferación de las armas, que agudizan el problema de la violencia, pública y privada, en Mindanao. Sobre ambos nudos fundamentales – ley marcial y armas- la Iglesia Católica, en los pasados días, levantó su voz pidiendo el derecho de principios como la paz, la legalidad, la tutela de la dignidad y de los derechos humanos.
La ley marcial en la provincia de Maguindanao, proclamada el 5 de diciembre por el gobierno filipino, sirve para combatir una posible “rebelión armada”, tras el arresto de Andal Ampatuan Jr, considerado el responsable de la tragedia de Maguindanao del 23 de noviembre, en que murieron 57 personas; Andal Ampatuan Sr, el “patriarca” del clan, y de numerosos milicianos al servicio del grupo político.
Según Mons. Colin Bagaforo, Obispo auxiliar de Cotabato, una medida de impacto era necesaria “por los crecientes peligros de orden público y por la existencia de verdaderos ejércitos privados” que daban a los diversos clanes políticos “un poder absoluto” en el territorio, como se pudo ver en el episodio a la base de la tragedia, que se dio porque otro exponente político quería registrar la propia candidatura a las elecciones.
La Iglesia, si bien comparte la necesidad de detener la violencia, pide al gobierno “actuar por la paz y garantizar la protección de los derechos humanos en la zona”. Mediante su nuevo Presidente, Su Exc. Mons. Nereo Ochimar, Obispo de Tandag, en la isla de Mindanao, la Conferencia Episcopal invita al gobierno a utilizar la ley marcial “por un breve tiempo”, con el fin de “evitar los abusos de poder y no generar la sospecha que tras tal medio exista una agenda escondida”. El Obispo resaltó que “el ejercicio del poder civil debe ser orientado a la promoción del bien común”, destacando la urgencia de “poner ante la justicia a los responsables de la tragedia”.
Su Exc. Mons. Orlando Quevedo, Arzobispo de Cotabato, que posee la jurisdicción eclesiástica de Maguindanao, recordando los tiempos oscuros de la dictadura de Marcos, dijo: “Mientras más larga es una ley marcial, mayores serán las violaciones de los derechos humanos”, agregando que la compleja cuestión de Mindanao, “no puede resolverse con el estado de emergencia”, sino con la necesidad de repensar el todo globalmente y a largo tiempo.
La Iglesia también evidenció otro problema: la proliferación de armas libera en Mindanao, que agrava el clima difundido de violencia y de “justicia sumaria”. La difusión ilegal de armas ligeras en Filipinas del Sur –se destaca- contribuye en efecto al aumento exponencial de los heridos, muertos, violaciones de los derechos humanos, alimentando la guerra entre bandas rivales. Se calcula que más de 1,1 millones de armas ilegales, sin licencia, circulan en Filipinas, sobre todo en el sur. El punto es que también los civiles han iniciado a armarse para defenderse de la violencia imperante.
Según el Obispo de Jaro, Mons. Angel Lagdameo, para limitar el fenómeno, los Estados Unidos deberían sostener Filipinas, no con ayuda o instrumentos militares, sino con intervenciones en el campo de la instrucción, sanidad y desarrollo humano. (PA) (Agencia Fides 9/12/2009; líneas 40, palabras 553)
