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Yakarta (Agencia Fides) – La migración forzada es una de las crisis más profundas que atraviesa el continente asiático. Ante las continuas tragedias marítimas en el golfo de Bengala, las comunidades católicas del sur y del sudeste asiático, especialmente en Bangladesh, India, Myanmar, Malasia e Indonesia, están llamadas a ejercer una «compasión compartida», creando una red de acogida y corredores humanitarios que alejen a los migrantes de las redes de trata de personas.
Así lo afirma el padre Ignazio Ismartono, jesuita indonesio que trabaja en Yakarta en la lucha contra la trata de personas a través de la organización Sahabat Insan («Amigos de la Humanidad»), en una entrevista concedida a la Agencia Fides. El religioso retoma el llamamiento lanzado por los obispos durante la reciente Asamblea de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC), que llamó la atención sobre los dramas que se viven en el denominado «Mediterráneo de Asia», el espacio marítimo que se extiende desde el norte del golfo de Bengala hasta la provincia indonesia de Aceh, en el extremo septentrional de la isla de Sumatra.
La emergencia de los rohinyás
El último episodio que ha provocado indignación y preocupación afecta al pueblo rohinyá, obligado a recorrer una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo. Dos embarcaciones con más de 500 personas a bordo naufragaron frente a las costas de Myanmar en las últimas semanas.
«Según la información preliminar -señala un comunicado conjunto de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados-, ambas embarcaciones zarparon del estado de Rakáin (Myanmar) a finales de junio transportando principalmente a refugiados rohinyás. Entre ellos había también personas procedentes de los campamentos de Cox's Bazar, en Bangladesh. Una de las embarcaciones, que transportaba unas 250 personas, se hundió poco después de partir. La segunda, con unas 280 personas a bordo, volcó el 8 de julio frente a la costa de Ayeyarwady, en Myanmar».
Para Ismartono, «se trata de una de las peores tragedias marítimas sufridas por los refugiados en los últimos años». Las agencias internacionales han instado a los gobiernos de la región a reforzar las operaciones de búsqueda y rescate y a cumplir sus obligaciones internacionales de protección hacia quienes huyen de la violencia y la persecución. Asimismo, han pedido una mayor cooperación internacional para abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y crear vías seguras para los refugiados.
El jesuita subraya que, «como han recordado los obispos de Asia, esta tragedia evoca los llamamientos del Papa León XIV en defensa de la dignidad de toda persona humana, especialmente de los migrantes y refugiados obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad».
Una acción eclesial transnacional
El religioso comparte la propuesta de monseñor Socrates Mesiona, obispo de Puerto Princesa y presidente de la Comisión para la Pastoral de los Migrantes de la Conferencia Episcopal de Filipinas, quien ha insistido en «la urgencia de una acción eclesial de carácter transnacional».
La migración forzada en el sur de Asia, ha señalado el obispo, «ya no puede seguir siendo tratada por los gobiernos como una simple carga social o un problema legal». A ello, Ismartono añade que las comunidades católicas del sudeste asiático «se sienten interpeladas en la misión de proteger la dignidad de toda persona. Están llamadas a actuar allí donde el Estado no llega, promoviendo formas concretas de acompañamiento pastoral y de acogida».
Según datos de Naciones Unidas, solo en 2026 más de 5.400 rohinyás han intentado peligrosas travesías por mar. Los organismos humanitarios describen el golfo de Bengala y el mar de Andamán como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. En 2025, más de 6.500 rohinyás huyeron por vía marítima y cerca de 900 murieron o permanecen desaparecidos.
Los rohinyás, minoría mayoritariamente musulmana de Myanmar, sufren desde hace décadas discriminación, desplazamientos forzados, violencia y la negación de la ciudadanía, lo que les convierte en apátridas. Muchos permanecen confinados en el estado de Rakáin, mientras que alrededor de 1,2 millones de personas continúan viviendo en campamentos de refugiados en Bangladesh.
En este contexto, las escasas oportunidades de educación, empleo y reasentamiento empujan a muchos a emprender peligrosas travesías marítimas. Por un lado, la violencia y el conflicto en el estado de Rakáin; por otro, la reducción de la ayuda humanitaria y el deterioro de las condiciones de vida en los campamentos de Bangladesh siguen empujando a miles de familias a caer en manos de las redes de trata, que organizan viajes por mar destinados, con demasiada frecuencia, a terminar en tragedia.
El compromiso sobre el terreno de «Sahabat Insan»
El padre Ismartono observa esta realidad desde la experiencia directa de Sahabat Insan, organización oficialmente reconocida tanto por el Estado indonesio como por la Iglesia católica. Se trata, explica, de una labor «profundamente arraigada en la espiritualidad ignaciana y en los principios de la doctrina social de la Iglesia, basada en la defensa de la dignidad humana». Las personas atendidas, recuerda, «no son simples cifras o casos estadísticos, sino seres humanos dotados de una dignidad intrínseca e inviolable, personas en las que se refleja el rostro de Cristo».
Sahabat Insan trabaja inspirándose en los principios de la compasión y la cercanía, colaborando además con redes de otras confesiones religiosas para combatir la trata de personas, una lacra profundamente arraigada en la región del golfo de Bengala.
«El sudeste asiático, con la diversidad de sus países, se ve gravemente afectado por la contratación ilegal de mano de obra y por la trata de personas», explica el jesuita. Por ello, la organización presta protección y asistencia directa a las víctimas mediante un sistema de acogida y apoyo psicológico, jurídico y sanitario destinado a trabajadores migrantes indonesios y de otros países vecinos que han caído en manos de las redes de traficantes. Asimismo, desarrolla programas de reintegración social para ayudar a los supervivientes a reincorporarse de forma segura a sus comunidades.
«La prevención y la sensibilización son igualmente fundamentales», añade. «Por eso promovemos campañas educativas y seminarios para informar a la población y a los posibles migrantes sobre los riesgos que representan las redes de trata, que con frecuencia se aprovechan de la pobreza y de la falta de educación, falsificando documentos con la complicidad de funcionarios corruptos».
En la lucha contra un fenómeno que implica a gobiernos, fuerzas de seguridad y sociedad civil, resulta esencial la colaboración con otras organizaciones, como la red internacional de religiosas Talitha Kum o el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), para supervisar los flujos migratorios y facilitar retornos seguros.
«Como la trata es un delito transnacional y sin fronteras -concluye-, la respuesta de la Iglesia y de la sociedad civil también debe ser coordinada y global. Por eso formamos parte plenamente de la Conferencia Jesuita de Asia-Pacífico (JCAP)».
Gracias a esta cooperación, la acción trasciende el ámbito eclesial para dirigirse también a las instituciones y gobiernos de los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático): «Pedimos a los parlamentarios de los países de la ASEAN que incorporen la prevención de la trata de personas a los programas educativos nacionales, en colaboración con las ONG y con toda la sociedad civil».
(PA) (Agencia Fides 31/7/2026)
