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Juba (Agencia Fides) – Sudán del Sur es el Estado más joven del mundo. Y es también uno de los países con una existencia más atormentada.
En estos días se cumple el decimoquinto aniversario de su independencia, obtenida en 2011 tras la celebración de un referéndum. Se trataba de un punto de llegada: el movimiento por la independencia respecto a Sudán había comenzado en los años cincuenta y solo en 2005 se alcanzó un acuerdo entre el presidente sudanés Omar al-Bashir y John Garang, líder del Ejército Popular de Liberación de Sudán. En la raíz de aquel conflicto estaban las diferencias religiosas, pero no solo: Sudán era mayoritariamente musulmán, mientras que Sudán del Sur era de mayoría cristiana, y en el sur se acusaba a las autoridades nacionales de querer imponer también en la parte meridional del país la cultura y la lengua árabes. Después de décadas de guerra, en el referéndum el 99% de los participantes votó por separarse de Jartum. Parecía que podía abrirse un nuevo capítulo, pero las perspectivas de paz en el país duraron poco.
Ya en 2013 la situación se precipitó: en julio de ese año el presidente Salva Kiir, en un intento de reforzar su poder, destituyó al vicepresidente Riek Machar. Cinco meses después estalló el enfrentamiento militar entre las facciones de ambos políticos, marcado también por las líneas étnicas de pertenencia: por un lado los dinka, grupo al que pertenece Kiir; por otro los nuer, de los que forma parte Machar. La situación pareció calmarse con un acuerdo de paz firmado en 2015, que permitió a Machar regresar al país después de dos años de exilio. Sin embargo, este acuerdo duró poco y fue necesario volver a negociar entre las dos facciones. Las negociaciones llevaron a una serie de altos el fuego entre 2017 y 2018, todos ellos violados por las partes. Finalmente, en 2018 se alcanzó un acuerdo de paz con la mediación de Uganda, país implicado por iniciativa de Kiir.
El acuerdo preveía la formación de un gobierno de unidad nacional y la celebración de nuevas elecciones. El problema fue que ambos compromisos fueron aplazados durante años. El gobierno de unidad nacional solo se creó en 2020, después de dos retrasos, mientras que las elecciones deberían celebrarse a finales de este año, después de que inicialmente estuvieran previstas para 2023. La situación volvió a deteriorarse en 2025, cuando se reanudó la guerra civil y el vicepresidente Machar fue puesto bajo arresto domiciliario. Como señala el Council on Foreign Relations, la detención de Machar puso prácticamente fin a los acuerdos de 2018.
Actualmente, la violencia se concentra en el estado de Jonglei, el estado de Warrap y Alto Nilo. Los enfrentamientos son protagonizados por las dos facciones principales, que a su vez están divididas en distintos grupos armados que representan la diversidad étnica del país. El 1 de julio, la Asamblea Nacional de Transición aprobó unas enmiendas que eliminan la obligación de redactar una constitución permanente antes de las elecciones. La decisión puede interpretarse como un intento por parte de Kiir de reforzar aún más su control del poder, una medida que podría alimentar el enfrentamiento entre las dos facciones militares. Si esta situación continúa, con una confrontación político-militar que no parece encontrar una solución, cabe preguntarse cómo podrán organizarse las elecciones previstas para finales de año y qué resultados podrían tener.
Según algunos analistas, el conflicto civil en Sudán del Sur también estaría alimentado por la guerra que desgarra Sudán. En particular, influirían en esta dinámica los flujos transnacionales de petróleo, extraído en Sudán del Sur y refinado en Sudán. Para Sudán del Sur, los principales ingresos económicos proceden de la extracción petrolera; para Sudán, de las tasas por el tránsito del crudo. Mientras continúen sus respectivos conflictos civiles, estos dos elementos seguirán estando en el centro de las luchas entre las milicias implicadas, agravando aún más las crisis económicas y humanitarias de ambos países.
La crisis humanitaria de Sudán del Sur, solo superada en la región por la de Sudán, está alimentada por la guerra y también por los efectos del cambio climático. Según los datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en 2026 dos tercios de la población, unos diez millones de habitantes, necesitarán asistencia humanitaria. Entre los principales problemas se encuentra la emergencia alimentaria, que según OCHA está destinada a empeorar hasta finales de año: existe el riesgo de que aumente el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, pasando de los actuales ocho millones.
(CG) (Agencia Fides 17/7/2026)
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