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por Cosimo Graziani
Monrovia (Agencia Fides) - En Liberia se ha anunciado la creación de una fuerza especial para combatir el fenómeno de la minería ilegal. La denominada “Protect Our Resources Taskforce” (PORT) ha sido creada con el objetivo de reforzar las inspecciones, mejorar el cumplimiento de las normativas y aumentar la capacidad de supervisión del Gobierno sobre este fenómeno. El lanzamiento de la iniciativa -según informa también el periódico local liberiano The New Dawn- tuvo lugar en presencia del ministro de Energía y Minas, Matenokay Tingban, quien la definió como “un cambio estratégico hacia un fortalecimiento basado en la intelligence, una coordinación estratégica más sólida y una gestión más responsable de los recursos minerales”.
La Taskforce supervisará las actividades de las explotaciones mineras presentes en el país, verificando el cumplimiento de las licencias, el pago de las royalties, los estándares ambientales, las normas laborales y otras disposiciones legales. Uno de los objetivos del Gobierno es promover un desarrollo regulado del sector minero, reduciendo las actividades ilegales y el tráfico ilícito, especialmente de oro, con el fin de mejorar no solo las condiciones laborales y el impacto ambiental, sino también los ingresos estatales. Como señaló Tingban durante la conferencia de prensa de presentación, los recursos minerales de Liberia forman parte de los activos nacionales y deben contribuir a la transformación económica, la estabilidad financiera, la sostenibilidad ambiental y la prosperidad del país.
La decisión del Gobierno liberiano de crear una fuerza especial para el sector minero no sorprende. La proliferación de explotaciones mineras, especialmente ilegales, constituye uno de los principales problemas socioeconómicos que afectan actualmente a numerosos países del continente africano. Las zonas donde el fenómeno tiene mayor impacto son África occidental, desde Senegal hasta Nigeria, y la cuenca del Congo, especialmente Camerún y la República Democrática del Congo (RDC). Sin embargo, también existen minas ilegales en Sudáfrica y Uganda, principalmente dedicadas a la extracción de oro. En los últimos días, ambos países han cerrado varias explotaciones ilegales; en el caso sudafricano, estas operaciones estuvieron acompañadas por la detención de más de doscientas personas, en su mayoría inmigrantes sin permiso de residencia.
Las minas ilegales provocan graves daños a las sociedades africanas desde múltiples perspectivas, comenzando por el impacto ambiental. Para la extracción de oro se utilizan sustancias contaminantes como el mercurio, que termina vertido en ríos y reservas de agua. A esta devastación ecológica se suman las consecuencias sociales. En una mina clausurada recientemente en Uganda, en el distrito de Kanungu, se había desencadenado en las últimas semanas una auténtica fiebre del oro. Esta situación llevó a gran parte de la población a abandonar el pueblo de Kanoni para trasladarse a precarios asentamientos alrededor de la explotación minera. El abandono de las zonas agrícolas provocó una crisis alimentaria local, ya que muchos campesinos prefirieron dejar sus campos para dedicarse a la actividad extractiva. Además, familias enteras, incluidos menores, se trasladaron al área minera; muchos niños tuvieron que abandonar la escuela para ayudar a sus familiares. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ugandés intervino a través de la ministra de Energía y Desarrollo Minero, Phiona Nyamutoro, quien acudió personalmente al lugar y ordenó el cierre de las actividades mineras.
La cuestión no afecta únicamente a las dinámicas sociales internas, sino que está vinculada también a procesos y conflictos de dimensión internacional. El crecimiento de la minería ilegal se ve alimentado por la demanda de materias primas y minerales estratégicos por parte de potencias regionales y globales. Asimismo, está relacionado con la corrupción generalizada y representa otra expresión del neocolonialismo.
En la República Democrática del Congo (RDC), las actividades extractivas están estrechamente vinculadas a la situación de inestabilidad provocada por la presencia de grupos armados como el M23. Desde que este movimiento tomó el control de Goma a comienzos de 2025, el Gobierno de Kinshasa perdió el dominio sobre algunas explotaciones mineras locales, gestionadas actualmente por el grupo rebelde, que también amplió su control sobre el contrabando de oro.
A ello se añade que, en la RDC, las explotaciones mineras no se limitan al oro, sino que incluyen también metales preciosos y minerales esenciales para las nuevas tecnologías, convirtiéndose en objeto de un tráfico que atrae el interés de grupos armados, a menudo vinculados mediante redes de alianzas con actores y estructuras de países vecinos. De este modo, el comercio ilegal de oro y minerales estratégicos se convierte también en un terreno de confrontación económica relacionado con conflictos regionales y globales.
(Agencia Fides 12/7/2026)
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