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Roma (Agencia Fides) – El III Congreso Internacional “No justice without life”, promovido por la Comunidad de San Egidio sobre el tema: “De la moratoria a la abolición de la pena capital”, y celebrado el 29 de septiembre en Roma, llega después de dos ‘coloquios’ (en el 2005 y 2007), en los que se echaron las bases para una intervención común a favor de la abolición de la pena de muerte. Este tercer congreso ha sido iluminado por la aprobación de la Moratoria Universal y rico de intervenciones y testimonios, moderadas por Mario Marazziti de la Comunidad de San Egidio.
El saludo del Card. Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, recordó la atención de la Iglesia en salvaguardar el valor de la vida humana, también de quien se ha equivocado y ha matado. “También la pena no puede sino ser redentora”, afirmó el Cardenal, recordando, luego, la alabanza del Pontífice Benedicto XVI a la aprobación de la moratoria, punto de partida para un debate sobre el valor sagrado de la vida. Conceptos reafirmados y subrayados, en su intervención, por Su Exc. Mons. Agostino Marchetto, Secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, quien, después de veinte años en África, se dio cuenta de cuanto han crecido en ese continente los países abolicionistas, y de cuantos aplican ya de hecho la moratoria. La Iglesia defiende la sacralidad de la vida, como valor universal, y los cristianos deben creer “en la fuerza y en la gracia del arrepentimiento, que transforma el corazón y la vida”, añadió el Arzobispo.
Importantes asimismo los testimonios de algunos países que se están recientemente asomando al problema de la abolición de la pena capital. José Luis Soberanes Fernandes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, contó como, a partir de la consciencia de la vida como derecho fundamental, su país, con un itinerario nada simple, eliminó la pena de muerte en el 2005, auspiciando, luego, y votando a favor de la moratoria en la ONU. Un tema todavía caliente, en México, a causa de las enormes oleadas de violencia legadas al narcotráfico. La experiencia de México muestra, sin embargo, que la pena de muerte no reduce la criminalidad (la última ejecución es de 1961) y que la justicia no se puede imponer a través de un homicidio institucionalizado, como es la pena capital.
En Filipinas, antes de 1972, la pena de muerte era frecuente, como cuenta durante el Congreso Erin Tanada III, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Fue abolida en 1987 y luego reintroducida en 1994; la primera ejecución fue en 1999, y hasta el 2000 fueron ajusticiadas siete personas. Estos eventos crearon una profunda reflexión y un trabajo de las instituciones de las Filipinas, movidas también por intenciones de carácter religioso, además que de las presiones de la Unión Europea y de la Organización para los derechos humanos, que llevó a la abolición de la pena capital en el 2006. La Comunidad de San Egidio, en marzo del 2007, ha sido autora de una misión, que buscaba profundizar el tema de la pena de muerte y pedir la participación de Kazajstán en la firma de la Moratoria. Kazajstán respondió adhiriendo a la moratoria propuesta por Italia a la ONU, y comprometiéndose a encontrar una legislación dirigida a la total abolición de la pena capital. (P.C.) (Agencia Fides 2/10/2008; líneas 37 palabras 567)
