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Roma (Agencia Fides) - “El amplio debate que se ha abierto alrededor de los temas fundamentales de la vida y de la familia nos llama en causa como custodios de una verdad y de una sabiduría que tienen su origen en el Evangelio y que continúan produciendo frutos preciosos de amor, fidelidad y servicio a los demás, como lo testimonian cada día tantas familias. Nos sentimos en la responsabilidad de iluminar la conciencia de los creyentes, para que encuentren el mejor modo de encarnar la visión cristiana del hombre y de la sociedad en el compromiso cotidiano, personal y social, así como de ofrecer razones válidas y que puedan ser compartidas por todos en favor del bien común”. Así inicia la Nota del Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Italiana, publicada el 28 de marzo, “acerca de la familia fundada en el matrimonio e iniciativas en materia de uniones de hecho”.
Los Obispos subrayan que “la Iglesia desde siempre se preocupa por la familia y la sostiene con sus cuidados, y desde siempre pide al legislador que la promueva y la defienda… No tenemos intereses políticos que afirmar; sentimos sólo el deber de dar nuestro aporte al bien común… Estamos convencido, junto a muchos otros, incluso no creyentes, del valor representado por la familia para el crecimiento de las personas y de la sociedad toda”. La Nota prosigue destacando que el afecto de los padres y su guía en el ingreso a la sociedad, “son un patrimonio incalculable de seguridad y de confianza en la vida. Y este patrimonio está garantizado por la familia fundada en el matrimonio, justamente por el compromiso que ésta lleva consigo: compromiso de fidelidad estable entre los cónyuges y compromiso de amor y educación a los hijos”. También la Constitución italiana tutela la familia como recurso insustituible para la sociedad: “sólo la familia abierta a la vida puede ser considerada verdadera célula de la sociedad porque garantiza la continuidad y el cuidado de las generaciones. Por lo tanto es interés de la sociedad y del Estado que la familia sea sólida y crezca en el modo más equilibrado posible”.
A la luz de estas consideraciones, la Nota afirma: “consideramos que la legalización de las uniones de hecho es inaceptable a nivel de principio, peligrosa a nivel social y educativo. Sea cual sea la intención de quien propone esta opción, el efecto sería inevitablemente deletéreo para la familia. Se quitaría, de hecho, al pacto matrimonial su unicidad, que es la única que justifica los derechos que son propios de los cónyuges y que pertenecen sólo a ellos. Además, la historia enseña que toda ley crea mentalidad y costumbre. Un problema incluso más grave lo representaría la legalización de las uniones de personas del mismo sexo, porque, en este caso, se negaría la diferencia sexual, que es insuperable”.
Los Obispos reafirman “el reconocimiento de la dignidad de cada persona”, su respeto y su solicitud pastoral, “pero queremos recordar que el derecho no existe con el fin de dar forma jurídica a cualquier tipo de convivencia o de ofrecer reconocimientos ideológicos: tiene, en cambio, el fin de garantizar respuestas públicas a exigencias sociales que van más allá de la dimensión privada de la existencia. Somos conscientes de que hay situaciones concretas en las que pueden ser útiles garantías y tutelas jurídicas para la persona que convive. No somos contrarios por principio a esta atención. Sin embargo estamos convencidos de que este objetivo puede ser buscado en el ámbito de los derechos individuales, sin hipotizar una nueva figura jurídica alternativa al matrimonio y a la familia que produciría más daños de los que quisiera sanar”.
En la parte conclusiva la Nota se dirige a los católicos que operan en el ámbito político, recordando las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en su Exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis (cf. n. 83), y definen “incoherente aquel cristiano que sostuviese la legalización de las uniones de hecho”. Citan asimismo la afirmación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, según la cual, en el caso de “un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley” (Consideraciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales, 3 de junio de 2003, n. 10). Finalmente, recuerdan que “el fiel laico está obligado a formar su propia consciencia confrontándose seriamente con las enseñanzas del Magisterio y por lo tanto no puede «apelar al principio del pluralismo y autonomía de los laicos en política, para favorecer soluciones que comprometan o menoscaben la salvaguardia de las exigencias éticas fundamentales para el bien común de la sociedad» (Nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24 de noviembre de 2002, n. 5).
Comprendiendo “el esfuerzo y las tensiones experimentadas por los católicos comprometidos en política en un contexto cultural como el actual, en el que la visión auténticamente humana de la persona es contestada en modo radical”, los Obispos italianos destacan que “es también por esto que los cristianos están llamados a comprometerse en política”, y confían estas reflexiones “a la conciencia de todos y en particular a cuantos tienen la responsabilidad de hacer las leyes, para que se interroguen sobre las opciones coherentes que deben ser tomadas y sobre las futuras consecuencias de sus decisiones”. (S.L.) (Agencia Fides 29/3/2007; líneas 63, palabras 933)
