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Asunción (Agencia Fides) – Protección de los pequeños ahorradores más vulnerables, máxima transparencia sobre los fondos públicos depositados en los bancos afectados por la crisis, investigaciones independientes y vigilancia de la sociedad civil sobre la actuación de las autoridades. Estos son los principales puntos de la declaración de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), publicada ayer, 4 de noviembre, sobre la crisis bancaria que atraviesa Paraguay.
El origen de la crisis se encuentra en la intervención de Ueno Bank, el mayor banco digital del país, por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), después de que su coeficiente de solvencia cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido por la ley. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dimitió a petición del presidente de la República, Santiago Peña. Anteriormente, Carvallo había dirigido la entidad financiera que posteriormente se transformó en Ueno Bank, una circunstancia que ha suscitado duras críticas por las presuntas deficiencias normativas y los posibles conflictos de intereses.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción ha ordenado la detención de ocho personas, entre ellas altos directivos y otras figuras vinculadas a la entidad bancaria. Entre los detenidos se encuentran el fundador y accionista mayoritario, Miguel Vázquez, y el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale.
La medida adoptada por el BCP ha provocado el bloqueo de la aplicación digital, las tarjetas de crédito y los servicios de transferencia de dinero de Ueno Bank. Cerca de tres millones de usuarios, aproximadamente el 60 % de la población adulta de Paraguay, se han visto así imposibilitados para acceder a los ahorros que tenían depositados en el banco. Exasperados, los ahorradores han salido a las calles de Asunción y se han concentrado ante las sucursales cerradas para reclamar la devolución de su dinero, acusando a políticos y representantes de las instituciones de ser corresponsables de lo sucedido.
En la declaración, difundida con motivo de la 250.ª Asamblea General Ordinaria, los obispos piden, ante todo, que las indemnizaciones den prioridad a las personas más vulnerables. Reclaman que se devuelvan cuanto antes las cantidades depositadas a pensionistas, trabajadores, pequeños ahorradores y empresarios, sin trabas burocráticas innecesarias y prestando especial atención a las personas mayores.
Los prelados piden también la máxima transparencia sobre el volumen de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Estado depositados en Ueno Bank, así como sobre los procedimientos y los plazos previstos para recuperarlos.
La Conferencia Episcopal reclama asimismo investigaciones exhaustivas por parte del Congreso, el poder judicial, la Contraloría General de la República y el propio Banco Central, para que se esclarezcan todas las responsabilidades, «independientemente del cargo que se ocupe o de la cercanía al poder».
Por último, los obispos invitan a las parroquias a apoyar a las familias afectadas por la crisis y a ayudarlas con los trámites necesarios para recuperar sus ahorros. También alertan del riesgo de posibles estafas y recomiendan a los titulares de cuentas que no faciliten sus contraseñas a nadie que les prometa ayudarles a «recuperar» su dinero.
(L.M.) (Agencia Fides 5/11/2026)
