Caritas Internationalis
Dhaka (Agencia Fides) – “La situación de los rohingya es muy difícil. Los fondos internacionales disminuyen día tras día y algunas organizaciones no gubernamentales han tenido que interrumpir sus actividades en los campos de refugiados. Cáritas sigue siendo muy activa en la asistencia a los rohingya. La tasa de natalidad es muy elevada, pero a los rohingya no se les permite trabajar libremente. Las personas que viven en los campos de refugiados están descontentas y el precio de los bienes de primera necesidad continúa aumentando”. Así lo afirma a la Agencia Fides Subroto Boniface Gomes, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Dhaka, al describir la compleja situación de la población rohingya, de etnia musulmana, asentada en Bangladés, procedente del vecino Myanmar y sin reconocimiento jurídico.
Los rohingya son considerados “apátridas” porque Myanmar, con la Ley de Ciudadanía de 1982, los excluyó de la lista de etnias nacionales, privándolos de facto de la ciudadanía. Para el derecho internacional constituyen una de las mayores poblaciones apátridas del mundo. Bangladés los acoge por razones humanitarias, pero los define generalmente como “Forcibly displaced Myanmar nationals” (“nacionales de Myanmar desplazados por la fuerza”) y no les concede un proceso de integración o naturalización. En la situación actual, los rohingya no pueden obtener la ciudadanía bangladesí, no pueden circular libremente fuera de los campos sin autorización y no tienen derecho al trabajo.
“La cuestión de los rohingya -prosigue el obispo Gomes- representa un problema enorme para Bangladés. El gobierno de Myanmar se ha mostrado disponible para repatriar a parte de los refugiados, muchos de los cuales desean regresar a su tierra. Sin embargo, las condiciones de grave inestabilidad en el oeste de Myanmar no lo permiten. Por ello nos encontramos ante una crisis para la que, por el momento, no se logra encontrar una solución”.
El obispo también señala las crecientes dificultades en las relaciones con la población local de la zona de Cox’s Bazar, que acoge los campos de refugiados: “Las comunidades locales ya viven en condiciones de pobreza, trabajan duramente para su subsistencia y ven aumentar la presión sobre los recursos limitados disponibles. Para Bangladés, la gestión de la presencia rohingya se está convirtiendo en un desafío cada vez más difícil”.
“La crisis -recuerda el obispo Gomes- ha entrado ya en su noveno año desde el éxodo masivo de 2017, cuando cientos de miles de rohingya huyeron de Myanmar a Bangladés. Se trata de una de las crisis de refugiados más largas y complejas del mundo”.
A pesar de la política oficial de “fronteras cerradas” adoptada por Bangladés, en los últimos meses más de 150.000 nuevos refugiados han huido del estado de Rakhine, en Myanmar, hacia los campos de Cox’s Bazar. La población total de refugiados rohingya en Bangladés supera 1,2 millones de personas y la situación humanitaria sigue deteriorándose.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con los socios del Plan de Respuesta Conjunta (JRP), ha lanzado un llamamiento para recaudar 710,5 millones de dólares destinados a las intervenciones humanitarias previstas para 2026. Sin embargo, el grave déficit de financiación ya ha obligado a reducir las raciones alimentarias a unos 7 dólares mensuales por persona, con el consiguiente aumento de la desnutrición infantil. Los recortes también ponen en riesgo servicios esenciales como alimentación, vivienda, atención sanitaria, educación y protección. ACNUR advierte de que, sin apoyo inmediato de la comunidad internacional, la situación podría empeorar significativamente. Más de 235.000 niños rohingya en los campos siguen sin acceso a educación formal, mientras que las estructuras sanitarias gestionadas por organizaciones humanitarias operan bajo gran presión.
Empujados por la desesperación, cientos de rohingya siguen intentando huir por mar en embarcaciones precarias con destino principalmente a Malasia e Indonesia. En abril de 2026, el naufragio de una embarcación en el mar de Andamán provocó unos 250 desaparecidos, mientras que en 2025 casi 900 rohingya murieron en diversos naufragios durante estas travesías. Mientras tanto, Bangladés y Malasia han iniciado consultas bilaterales para ejercer mayor presión diplomática sobre las autoridades de Myanmar, también a través de los canales de la ASEAN, en busca de una solución duradera a la crisis.
El gobierno de Dhaka insiste en que la única solución sostenible es el retorno seguro, voluntario y digno de los rohingya a Myanmar, recordando que la crisis se originó en ese país y allí debe resolverse definitivamente. Sin embargo, en el estado birmano de Rakhine continúan los enfrentamientos entre el ejército regular de Myanmar y el grupo armado Arakan Army. Los rohingya que permanecen en la zona están atrapados en el fuego cruzado y siguen sufriendo violencia de ambas partes, entre reclutamientos forzados, extorsiones y severas restricciones a la libertad de movimiento, viviendo de facto en áreas segregadas. En el contexto de una creciente crisis alimentaria que, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), afecta a más de 12 millones de personas en Myanmar, los rohingya siguen siendo una de las minorías más vulnerables, sin ciudadanía reconocida ni protección jurídica adecuada.
Un trabajo de análisis sobre esta tragedia humana es el ensayo-reportaje titulado “A ambos lados de la frontera. Rohingya, crónicas de un pueblo perseguido”, de los periodistas italianos Giuliano Battiston y Emanuele Giordana, publicado por la editorial Add. Los autores han dedicado tiempo y esfuerzos a documentar, desde la perspectiva birmana y bangladesí, la historia de una de las poblaciones más desamparadas del planeta, un pueblo sin tierra y sin derechos.
(PA) (Agencia Fides 1/7/2026)