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Islamabad (Agencia Fides) – “Un paso significativo hacia la protección de los derechos de las comunidades desfavorecidas”: así ha definido el arzobispo Joseph Arshad, de Islamabad-Rawalpindi, la directiva emitida por la Corte Constitucional Federal que pide al gobierno municipal de Islamabad-Rawalpindi “formular una política para la regularización de los asentamientos informales en el plazo de un mes”.
“La decisión representa un paso positivo para la resolución de problemas de larga data de los sectores marginados de la sociedad”, ha señalado el arzobispo Arshad, subrayando que los habitantes de estos asentamientos informales son “ciudadanos de pleno derecho y tienen derecho a los servicios esenciales, a la protección legal y a una vivienda digna”.
En estos barrios precarios viven familias de bajos ingresos, incluidas numerosas familias cristianas, que en las últimas semanas se han visto afectadas por órdenes de desalojo emitidas por la ‘Capital Development Authority’ (CDA), el gobierno municipal de Islamabad-Rawalpindi. La CDA ha iniciado la demolición de asentamientos informales formados progresivamente durante los últimos 30 años en distintas zonas de ambas ciudades, como la colonia “Allama Iqbal”.
Las operaciones de la CDA, apoyadas por maquinaria de demolición y fuerzas policiales, han encontrado la resistencia de los residentes, respaldados por organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP). Estas ONG piden a las autoridades civiles una atención urgente a las familias que viven en estos asentamientos -estimadas en más de 400.000 personas- proponiendo su traslado a viviendas sociales de bajo coste y subrayando que el “derecho a la vivienda” está garantizado por el artículo 9 de la Constitución de Pakistán.
Se advierte que una política de desalojos indiscriminados, sin alternativas habitacionales, provocaría desplazados internos y nuevos grupos de personas sin hogar en ambas ciudades, agravando la marginación y la pobreza. La comunidad católica ha acompañado a las familias afectadas, y voluntarios de la Comisión Nacional de “Justicia y Paz” se han movilizado para expresar solidaridad y apoyo. Un grupo de abogados y ONG ha presentado recursos ante la Corte Constitucional Federal en defensa de los habitantes de estos asentamientos. La Corte ha solicitado a la CDA que suspenda los desalojos y establezca un marco normativo integral para el reconocimiento de los asentamientos informales.
(PA) (Agencia Fides 18/4/2026)
