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Port Moresby (Agencia Fides) - El Primer Ministro de Papúa Nueva Guinea ha declarado el "estado de emergencia", que durará 14 días, anunciando la suspensión del jefe de policía junto con otros altos funcionarios de los ministerios de finanzas y tesoro. La medida, anunciada ayer, 11 de enero, llega después de los disturbios y las protestas que durante 48 horas han sumido a la nación en el caos. La escalada de la violencia se produjo después de una disputa sobre los salarios de los miembros de la policía y otros empleados públicos, desencadenando fuertes tensiones sociales. Ayer, la capital, Port Moresby, fue devastada por manifestantes que salieron a las calles desde el 10 de enero: tiendas incendiadas, negocios saqueados y transeúntes inocentes atacados, en un caos generalizado.
Los manifestantes han tomado por asalto la Manasupe Haus, sede de la oficina del Primer Ministro, prendiendo fuego a la garita de seguridad y a otros objetos delante de las puertas. El Port Moresby General Hospital ha confirmado nueve muertos y siete fallecidos en la ciudad de Lae, la segunda más grande del país, también afectada por los disturbios. Las empresas locales han sufrido graves pérdidas económicas y alrededor de 5,000 ciudadanos se han visto afectados y han sido víctimas de las protestas. El gobierno ha declarado su intención de "garantizar la seguridad y protección de nuestro pueblo, nuestro país, nuestras familias". Dado que las protestas han sido lideradas por personal policial y funcionarios públicos, que normalmente deberían haber respondido a tales eventos, el gobierno ha desplegado a los militares, que ahora patrullan las calles.
Las tensiones han tenido inicio cuando los empleados públicos han comenzado a hacer huelga debido a las deducciones "inexplicables" encontradas en sus salarios, según los sindicatos, que han alcanzado hasta 100 dólares al mes, una cifra que equivale a la mitad del salario de un empleado junior. Esta reducción salarial tan alta, inicialmente justificada como un "aumento de impuestos", ha provocado indignación entre los trabajadores, quienes han dejado de trabajar y han salido a las calles.
La Comisión tributaria ha negado cualquier aumento de impuestos, mientras que el Ministerio del Interior ha hablado de un "problema técnico" en el sistema de salarios y el Ministerio de Finanzas ha anunciado su compromiso de revisar y resolver la anomalía. En respuesta a la violencia, Marape ha dicho que el gobierno corregirá el error salarial, pero ha añadido que hay otras maneras de abordar tales quejas, definiendo al mismo tiempo los problemas planteados como "legítimos". Según el Primer Ministro, las protestas han sido instigadas por motivos políticos, insinuando una presunta "influencia política para que estos eventos ocurran en nuestra ciudad y en nuestro país", ha dicho.
Los disturbios llegan en un momento político y social delicado para Papúa Nueva Guinea. Los ciudadanos sufren por el alto costo de vida y la elevada tasa de desempleo, que según los observadores, son las razones fundamentales del descontento popular y las protestas.
El gobierno de Marape parece debilitado en la actualidad: según la ley vigente, después de las elecciones, durante los primeros 18 meses de gobierno, el Primer Ministro no puede enfrentarse a un voto de desconfianza para mantener cierta estabilidad en el sistema. Para Marape, al frente de un gobierno de coalición, los 18 meses vencen en febrero. Según los observadores, el Primer Ministro podría pronto enfrentarse a una moción de censura presentada por la oposición, que, si es aceptada por el Parlamento, llevaría a nuevas elecciones.
Papúa Nueva Guinea cuenta con aproximadamente siete millones de habitantes y es un país que se inspira en la religión cristiana, como se establece en el preámbulo de la Constitución, aunque el cristianismo no es una "religión de Estado". El 95% de los papúes profesa la fe cristiana, en las numerosas iglesias cristianas presentes en la nación. Los cristianos son principalmente protestantes (un 64%, en su mayoría luteranos), los católicos representan alrededor del 26%, y el 5% pertenece a otras confesiones.
(PA) (Agencia Fides 12/1/2024)
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