ASIA/SRI LANKA - Una comisión parlamentaria para buscar verdad y justicia sobre los atentados de Pascua, mientras se sufre la crisis económica

Colombo (Agencia Fides) - "Las víctimas de los atentados de 2019 tienen derecho a la verdad y a la justicia. Es un llamamiento al que no podemos renunciar y en el que involucramos a las autoridades civiles y a las instituciones internacionales", afirma el padre Nicholas Subasinghe, sacerdote de Sri Lanka que acompaña el camino de recuperación de las familias víctimas de esos atentados, mientras el gobierno de Sri Lanka anuncia la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación: el organismo deberá investigar las acusaciones de complicidad de los funcionarios de inteligencia de Sri Lanka en los atentados del Domingo de Pascua, 21 de abril de 2019. Esos atentados, en los que murieron 269 personas, entre ellas 42 extranjeros de 14 países, y que se perpetraron mediante atentados suicidas simultáneos, tuvieron como objetivo tres iglesias -dos católicas y una protestante- y tres hoteles turísticos durante las celebraciones de Pascua.
El Subsecretario de Estado de Defensa, Pramitha Tennakoon, ha informado en el Parlamento de que el Gobierno ha decidido nombrar una Comisión de Investigación para investigar las acusaciones contenidas en un documental emitido por el canal de televisión británico "Channel 4". En el documental, un hombre afirma haber organizado una reunión entre un grupo local inspirado en el Estado Islámico (el National Thowheed Jamath) y un alto funcionario de los servicios de inteligencia del Estado: el objetivo era supuestamente idear un plan para crear inseguridad en Sri Lanka y permitir así a Gotabaya Rajapaksa ganar las elecciones presidenciales de ese año. El entrevistado, Hanzeer Azad Maulana (emigrado a Europa), era portavoz de un grupo escindido de los rebeldes "Tigres tamiles", que libraron la guerra civil hasta 2009. Maulana informa de que en 2018 organizó una reunión entre extremistas inspirados en el ISIS y un alto cargo de los servicios de inteligencia, siguiendo instrucciones de su jefe de entonces, Sivanesathurai Chandrakanthan. En aquel momento, Gotabaya Rajapaksa era un alto funcionario de Defensa y su hermano mayor, Mahinda Rajapaksa, había sido derrotado en las elecciones de 2015 tras 10 años en el poder. Tras el caos social y político creado por los atentados de 2019, Gotabaya Rajapaksa ascendió efectivamente al poder hasta que se vio obligado a dimitir a mediados de 2022 tras las protestas sociales masivas provocadas por la grave crisis económica del país.
Según Maulana, Chandrakanthan había accedido a "utilizar" a los extremistas islámicos de la National Thowheed Jamath, en colaboración con determinados sectores de los servicios de inteligencia, porque, según estos últimos, "crear inseguridad y desestabilizar la nación era la única forma de devolver al poder a la familia Rajapaksa". Channel 4 ha informado de que Maulana también ha sido escuchado por investigadores de la ONU y por los servicios de inteligencia europeos acerca de sus acusaciones.
Los parlamentarios pro-Rajapaksa han rechazado las acusaciones del documental, mientras que en la Iglesia católica de Sri Lanka hay voces favorables, aunque con cierto escepticismo, a que se compruebe la veracidad de las acusaciones y se haga un seguimiento de las pistas de investigación abiertas. El cardenal Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo, ha recordado que hasta ahora las autoridades civiles no han hecho un seguimiento ni han apoyado adecuadamente a las anteriores comisiones parlamentarias y presidenciales nombradas para investigar los atentados. La Iglesia católica de Sri Lanka, duramente golpeada por aquellos atentados, "espera sinceramente que todas las demandas de justicia sean atendidas por el Presidente y el gobierno de Sri Lanka", porque, "a menos que se ponga en marcha una investigación transparente y sincera, no se dará verdad ni justicia a las víctimas". Cuatro años después de aquellos trágicos sucesos, los fieles de Sri Lanka siguen pidiendo "una investigación internacional transparente para descubrir la verdad sobre el atentado".
Aunque la verdad sobre los sucesos de 2019 es uno de los temas que nunca ha desaparecido de la agenda social y política, el principal asunto que toca hoy la vida nacional es el lento proceso de salida de la crisis económica que asoló Sri Lanka el año pasado. Según un reciente estudio del UNDP (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), más de la mitad de la población es "vulnerable en muchos aspectos". El estudio, realizado entre 2022 y 2023, reveló que el 55,7% de la población de Sri Lanka, es decir, más de 12 millones de personas, se encuentra en condiciones de extrema fragilidad y vulnerabilidad, con picos de auténtica indigencia. El PNUD, que se ha puesto en contacto con 25.000 hogares de todo el país, ha constatado que la mitad de la población sufre en tres frentes: educación, salud y nivel de vida, y en 12 indicadores, como la asistencia a la escuela, el estado físico, la enfermedad, el desempleo y el endeudamiento.
Más de 12,34 millones de los 22,16 millones de habitantes de Sri Lanka se han visto gravemente afectados por la crisis y siguen siendo vulnerables, a pesar de los signos de una economía descrita como "en recuperación". Muchas familias han reducido su consumo de alimentos y han retirado a sus hijos de la escuela para hacer frente al elevado coste de la vida. El informe del PNUD señala que el 82% de los hogares vulnerables viven en zonas rurales y pide que las políticas presten más atención a las personas que viven en esas zonas. Además, el estudio señala que un tercio de la población se ha endeudado para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la atención médica y la educación. El documento llega tras un informe de UNICEF que indicaba altos niveles de desnutrición entre los niños de Sri Lanka en 2022.
En marzo de 2023, el gobierno de Colombo ha obtenido el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un paquete de 3.000 millones de dólares a desembolsar en cuatro años, y el Presidente Ranil Wickremesinghe se ha comprometido a devolver la economía del país a la senda de la recuperación. Las cifras del Banco Central muestran una ralentización de la tasa de inflación en agosto, hasta el 4% (desde el 6,3% del mes anterior). Sin embargo, las cifras aún no se han traducido en un alivio concreto para la mayoría de los ciudadanos. Siguiendo el programa del Fondo Monetario Internacional, el gobierno ha empezado a conceder subsidios económicos a 1,5 millones de familias identificadas como necesitadas y con derecho a recibirlos. Según algunas organizaciones de la sociedad civil, este programa de apoyo social es totalmente inadecuado para combatir la grave situación económica que afecta a muchas más familias que las que reciben ayuda a través del subsidio.
(PA) (Agencia Fides 7/9/2023)

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