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Jayapura (Agencia Fides) – Los contratos firmados por el gobierno de Indonesia con las grandes empresas para la explotación de recursos minerales en Papúa (o Irian Jaya) “no dan ningún beneficio a los pueblos indígenas", de hecho, "crean muchos problemas de seguridad, de sostenibilidad del medio ambiente, de violación de sus derechos ancestrales "; lo afirman las iglesias de Papua pidiendo al gobierno de Indonesia que revise el contrato firmado con la empresa de extracción americana Freeport Mc Moran.
Como comunica a Fides una nota de la "Comunión de Iglesias en Papua", “hasta ahora la presencia de empresas extranjeras en la región no ha traído beneficios a la población”, sino solamente problemas: "los pueblos indígenas de Papúa son titulares de derechos consuetudinarios sobre los territorios, que son completamente ignorados". Además, con la llegada de las empresas extranjeras, han aumentado los problemas de seguridad en la región: en los último días, la Freeport ha sido acusada de estar involucrado en el asesinato de algunos indios que protestaban contra la presencia de la empresa.
El gobierno de Indonesia tiene fuertes lazos económicos con la Freeport: la multinacional acaba de pagar 678 millones de dólares como compensación por el acuerdo para la extracción de recursos minerales en Indonesia. Desde 1992 hasta hoy, la empresa ha pagado al gobierno de Yakarta más de 12,1 mil millones de dólares.
En los últimos días, al término de una conferencia conjunta entre los líderes civiles y religiosos, las iglesias de Papua han presentado al gobierno un documento con 22 recomendaciones, donde se pide la revisión del contrato con la Freeport. Los líderes cristianos afirman su papel en la contribución a la resolución de los problemas cruciales en Papua: desarrollo humano, educación, progreso cultural y formación espiritual de la población. Expresan su apoyo a la "autonomía territorial especial" de Papua, que hay que construir responsabilizando - y no mortificando – a las comunidades locales. Las Iglesias de Papua trabajan en defensa de la vida, de los derechos y de la promoción social de las comunidades indígenas, cuyos miembros son a menudo considerados como "ciudadanos de segunda clase" y, de hecho, marginados y discriminados en su propia provincia. (PA) (Agencia Fides 9/6/2011)
