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Kinshasa (Agencia Fides) - La suspensión de las actividades mineras en algunas regiones del este de la República Democrática del Congo está creando problemas a los productores respetuosos de las normas, pero no ha detenido la explotación ilegal de los recursos naturales del país. Lo ha denunciado la Red Paz para el Congo, promovida por los misioneros que trabajan en el país. El 10 de septiembre, el Presidente Kabila decretó la suspensión de la explotación y exportación de minerales en las tres provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y Maniema. Esta decisión se tomó para privar de recursos a los grupos armados que siguen activos y sanar así el sector minero.
La organización de los principales productores y fundiciones de estaño, el ITRI (International Tin Research Institute), ha anunciado que el proyecto de trazado del estaño de las minas en la República Democrática del Congo está en una "situación crítica", sobre todo porque se acerca el plazo de 1 de abril, establecido por la ley estadounidense que prohíbe el comercio de minerales de sangre.
La ley americana Dodd-Frank, aprobada en julio de 2010, obliga a las empresas de EE.UU. bajo la autoridad de la “Securities and Exchange comisión” (Órgano de regulación de la bolsa de valores en los EE.UU.) a presentar un informe, cuando utilizan minerales provenientes de la República Democrática del Congo y los países vecinos y demostrar que no proceden de una zona de conflicto.
El ITRI se ha declarado incapaz de continuar desarrollando un sistema de trazado para los metales procedentes del este de la República Democrática del Congo, mientras que la extracción este prohibida y ha tenido, en efecto, que suspender todo su personal que trabajaba en el proyecto. "El proyecto piloto de seguimiento y de información verificable sobre el origen de los minerales, comenzando por la mina de origen, había ya empezado su curso, a pesar de las muchas dificultades cuando se ha decidido la suspensión. Desde entonces, todo el trabajo ha tenido que ser suspendido", ha declarado a Mining Weekly Online, la Directora de Desarrollo y de Asuntos Regulatorios de ITRI, Kay Nimmo.
“Es cierto que el propósito de la ordenanza es poner fin a la explotación ilegal y al comercio ilícito de recursos minerales, a la proliferación y al tráfico de armas por parte de grupos mafiosos y armados y a la inseguridad en las tres provincias", se lee en un informe enviado a la Agencia Fides. "Sin duda, es necesario combatir el fraude y el contrabando de la minería en todas sus formas. Sin embargo, varios operadores mineros artesanales que funcionan, en la mayoría de los casos, con el permiso del Estado y pagan los impuestos establecidos por la ley, no entiendo por qué hoy son tratados de la misma manera que los bandidos y los contrabandistas que son bien conocidos y cuyos circuitos ya ha sido bien identificadas por expertos de la ONU en sus informes sobre la explotación ilegal de minerales en el Congo. La pregunta que surge es: ¿Por qué los depredadores identificados por las Naciones Unidas no han sido objeto de la ordenanza ministerial?”.
“Mientras los trabajadores artesanales congoleños se ven afectados por las medidas del decreto ministerial, los operadores extranjeros y las multinacionales pueden continuar sus actividades sin problemas en el sector minero", concluyen los misioneros. (L.M.) (Agencia Fides 15/2/2011)
