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Ciudad de México (Agencia Fides) - Según el informe de la Comisión de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), en los últimos años han aumentado las agresiones, amenazas y molestias contra los defensores de los inmigrantes en México. Desde 2004 se registraron 62 accidentes. En el "Informe sobre la situación de los defensores de las personas inmigrantes en México", se puede leer que desde 2004 hasta 2009 fueron sólo 18 casos registrados, mientras que sólo en 2010 fueron 29 y otros 15 entre enero y junio de 2011. "En los últimos años (2004-2011) han sido asesinados dos defensores de inmigrantes. Nos han amenazado, golpeado, molestado, acusado penalmente por nuestro compromiso de defensa, un defensor ha sido desterrado, un hogar para los inmigrantes y un un centro de tutela de los derechos humanos se vieron obligados a cerrar por falta de seguridad", dice un nota de su excelencia, monseñor Rafael Romo, Arzobispo de Tijuana y responsable de la Pastoral de la Mobilidad Humana de la CEM. El informe fue presentado en México unos días antes de la llegada del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los trabajados de Inmigrantes, para analizar la situación actual en el país.
Miles de inmigrantes, la mayoría centro americanos, cada año tratan de cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, a pesar de los riesgos, la extorsión, los secuestros y asesinatos cometidos por bandas de delincuentes e incluso por las autoridades. Monseñor Romo ha destacado también el hecho de que la violencia se extiende también a los sacerdotes que los protegen. La Pastoral de la Movilidad Humana tiene alrededor de 50 casas y albergues para inmigrantes en todo el país. Uno de estas es gestionada por el padre Alejandro Solalinde, quien fue víctima de varias amenazas por su trabajo que dio visibilidad al problema del secuestro de los inmigrantes (ver Fides 20/7/2011). La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha informado recientemente que, entre abril y septiembre de 2010, por lo menos 11.333 inmigrantes fueron secuestrados, en 214 secuestros masivos, la mayoría de los cuales nunca han sido aclaradas. En muchos casos, ha sido acusado el grupo de los narcotraficantes de Los Zetas. Las autoridades mexicanas han admitido la participación de algunos funcionarios. El país ha aprobado recientemente una nueva ley que reconoce y protege los derechos de los inmigrantes, sin considerar el legal, en un intento de minimizar los riesgos que afronta el país. La Ley de Inmigración establece que los inmigrantes tienen derecho a recibir educación y asistencia sanitaria, así como al acceso al sistema de justicia social, y pueden presentar denuncias sobre la violación de sus derechos humanos, incluso si no tienen documentos. (AP) (Agencia Fides 23/07/2011)
