AMERICA/GUATEMALA - Rigoberta Menchú y el Obispo de San Marcos piden al Presidente Colom seguridad para la población y respeto del medio ambiente

jueves, 17 junio 2010

Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) – Rigoberta Menchú, pacifista guatemalteca premio Nobel de la Paz 1992, y
Mons. Alvaro Leonel Ramazzini Imeri, Obispo de San Marcos (Guatemala), han pedido al Presidente Colom que cierre una mina de oro, la Mina Marlin, de acuerdo con el decreto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El texto de la nota, que ha llegado a la Agencia Fides a través de Caritas Guatemala, afirma: “Pedimos al presidente Álvaro Colom que conforme a la disposición de la Comisión, y sin más prórrogas, se disponga a resolver la cuestión de manera ecuánime y favorable a una mayor calidad de vida del pueblo Guatemalteco”. La carta de los dos líderes ha sido publicada también en los periódicos locales.
Rogoberta Menchú ha denunciado que el presidente Álvaro Colom se ha negado al cierre de la mina Marlin, situada en el departamento de San Marcos, en la frontera con México, que ha causado contaminación ambiental y enfermedades a la población de la zona. Los activistas han subrayado que si no se cierra la mira Marlin el gobierno se verá obligado a compensar a los residentes por los daños causados en sus hogares, por la contaminación del agua, del aire y de los alimentos cultivados. La CIDH ha ordenado al Gobierno de Guatemala el cierre de la mina Marlin para la seguridad de la población, y el prestar atención a los recursos naturales, porque se sospecha que la extracción minera está contaminando los recursos naturales.
Según la prensa local, la situación ha trascendido a la esfera internacional, desde el momento que está en curso la visita de un relator especial de las Naciones Unidas por los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, que ha llegado a Guatemala para conocer de cerca la situación. La mina de oro Marlin, perteneciente al distrito de San Miguel Istahuacan, en el departamento de San Marcos, a 250 km de la capital, funciona desde octubre de 2005. Tras la denuncia de una fuerte contaminación, el pasado 20 de mayo, la CIDH ha ordenado medidas cautelares a favor de las 18 comunidades de la zona y el cierre de la mina. Desde su apertura, la mina ha tenido siempre una fuerte oposición por parte de la población local, de los grupos ambientalistas y de la Iglesia católica, esta última en la persona del Obispo de San Marcos, Mons. Álvaro Ramazzini. (CE) (Agencia Fides, 17/06/2010)


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