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Nairobi (Agencia Fides) – «Los temores expresados por los kenianos con respecto a estas nuevas leyes no deben ser ignorados. Merecen ser escuchados y, cuando sea necesario, adoptar medidas correctivas». Así se han expresado los obispos de Kenia, al tomar posición sobre las enmiendas a dos leyes aprobadas por el Parlamento de Nairobi.
Se trata de la Ley de uso indebido de ordenadores y delitos informáticos (Computer Misuse and Cybercrimes -Amendments- Act, 2025), una modificación de la ley sobre ciberseguridad de 2018, aprobada este año por el Parlamento y promulgada por el presidente William Ruto el 15 de octubre. Y de la Ley de Enmienda de la Propiedad de la Tierra (Land Amendment Act No. 21 of 2025), promulgada el mismo día. Esta última se refiere a la creación de un registro público de la propiedad de la tierra.
En su declaración, titulada «Construir una Kenia de esperanza y justicia: nuestro deber cívico», los obispos kenianos expresan su preocupación «por la forma y la prisa con que se han elaborado y promulgado las enmiendas a las dos leyes». La Conferencia Episcopal transmite «la inquietud de los kenianos por las enmiendas, que ya se han convertido en ley».
Lo que más preocupa son las modificaciones a la ley sobre delitos informáticos. En particular, existe el temor de que estas limitaciones puedan afectar a la libertad de expresión de los ciudadanos. La ley así modificada, escriben los obispos, «podría utilizarse para silenciar las críticas al Gobierno, para bloquear el derecho a la defensa frente a los abusos gubernamentales o incluso para manipular el proceso electoral».
«Sin una participación pública cuidadosa y significativa, las leyes corren el riesgo de ser contraproducentes, erosionando la confianza del público en el Gobierno», advierten los obispos, que piden una revisión de las enmiendas.
«Lo mismo puede decirse del proyecto de ley sobre las organizaciones religiosas», afirma la declaración. «Aunque algunas leyes son necesarias, el Gobierno nunca debe dar la impresión de que intenta regular la religión».
Por último, la Conferencia Episcopal de Kenia, aun elogiando la creación de un nuevo organismo para la gestión de la salud (la Autoridad Sanitaria Social, SHA), lamenta los retrasos en los pagos públicos a las estructuras sanitarias concertadas con el Estado, incluidas las católicas. «Las ventajas del nuevo programa sanitario de la SHA son ampliamente conocidas –afirman-. Muchas personas han recibido atención médica con la nueva cobertura de la SHA en numerosos hospitales, y estamos agradecidos por ello; sin embargo, el programa sanitario no puede sobrevivir si los hospitales no reciben un pago puntual y adecuado por los servicios que prestan a los pacientes».
La SHA ha sustituido en 2024 al anterior Fondo Nacional del Seguro de Salud (NHIF). Según el ministro de Sanidad, las antiguas deudas del NHIF pesan sobre los hospitales kenianos. «Varias estructuras sanitarias -privadas, públicas y religiosas- están al borde del cierre debido a las cuantiosas facturas pendientes heredadas del NHIF», afirma el ministro.
(L.M.) (Agencia Fides 14/11/2025)
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