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Lahore (Agencia Fides) - ¿Cuál es el papel de las «milicias civiles» o «vigilantes» de la organización Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), que recorren las calles de las ciudades pakistaníes buscando y castigando a las personas acusadas de ciertos delitos de carácter religioso, como la blasfemia o el vilipendio del Islam? Es la pregunta que se hacen analistas y representantes políticos y de la sociedad civil ante un fenómeno que perturba a la sociedad pakistaní. Miembros de ONG, organizaciones sociales y comunidades religiosas de diversas confesiones piden aclaraciones al gobierno ante la acción «extrajudicial» de grupos que están infundiendo miedo entre la población, amenazando la seguridad de los ciudadanos y su derecho a vivir libremente.
Tres casos, entre los últimos registrados, han suscitado preocupación y debate en los medios de comunicación paquistaníes. Son casos relacionados con acusaciones de «blasfemia en las redes sociales», un ámbito al que los miembros del TLP parecen estar prestando mucha atención. Uno de ellos se refiere a un médico, Shah Nawaz Kumbhar, originario de la provincia de Sindh, acusado de compartir contenidos blasfemos en la red social «Facebook».
El segundo se refiere a Abdul Ali, de 50 años, propietario de un hotel en Quetta, Belucistán, que también fue detenido por publicar comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma en las redes sociales, y asesinado mientras se encontraba bajo custodia policial. El tercer caso se refiere a Shagufta Kiran, enfermera cristiana de 40 años y madre de cuatro hijos, que fue castigada con la pena de muerte por blasfemia en WhatsApp (véase Fides 20/9/2024). En estos y otros casos se ha constatado la implicación activa de miembros del TLP, con actos públicos o intimidatorios.
El Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) es una organización islámica ilegalizada por el gobierno en 2021. Posteriormente, en otoño de ese mismo año, el TLP llegó a un acuerdo con el gobierno federal en el que se comprometía a respetar la Constitución y a no promover protestas violentas. En noviembre de 2023, el gobierno de Pakistán lo reconoció oficialmente como «partido político registrado en la Comisión Electoral de Pakistán».
El gobierno hizo un pacto con el TLP «en vista del interés nacional más amplio y de la perspectiva a largo plazo para garantizar que la violencia no se repita en el futuro». En el acuerdo se estipulaba que el artículo 7 de la Ley Antiterrorista de 1997 (incriminación por actos de terrorismo) es aplicable a las personas acusadas de blasfemia según el artículo 295-C del Código Penal de Pakistán (vilipendio del profeta Mahoma). Además, las partes acordaron crear una sección especial denominada «Ala contra la Blasfemia» dentro de la Agencia Federal de Investigación (Federal Investigation Agency- FIA), organismo de investigación de la policía federal. La sección se creó con el objetivo de mejorar la capacidad de control de la «profanación de las religiones», pero, tal y como está configurada la ley de blasfemia en Pakistán, de hecho se aplica específicamente al Islam, sobre todo a los contenidos compartidos en la red.
El pacto también garantiza un juicio imparcial y rápido a los acusados de blasfemia, lo que «debería prevenir las acciones extrajudiciales y los linchamientos que siguen perpetrando los militantes», señala Farzana Imran, de la organización cristiana «LEAD Pakistan» (Legal Evangelical Association Development), que pide a las autoridades que garanticen el Estado de derecho y no permitan que una milicia paraestatal de «policía moral o religiosa» interfiera en la labor de la policía o la justicia ordinaria.
Muhammad Amir Rana, erudito musulmán, cofundador del «Pakistan Institute for Peace Studies» y columnista del diario pakistaní «Dawn», recuerda que el pasado julio, el TLP incitó a la violencia contra el Tribunal Supremo de Pakistán tras la absolución de un miembro de la comunidad Ahmadiyya (considerada «herética» por el Islam). Y se pregunta: «¿Por qué el Estado transige y tolera a un grupo responsable de amenazas, vandalismo, asesinatos de ciudadanos inocentes, daños a la propiedad, que empaña la imagen internacional del país promoviendo el extremismo?».
(PA) (Agencia Fides 27/9/2024)
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