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Kampala (Agencia Fides) – “La situación está empeorando a medida que las poblaciones de distritos enteros son expulsadas por la fuerza de sus tierras. Los desalojos forzosos son un claro indicio de que se están violando los derechos de las personas”, afirma un informe del Denis Hurley Peace Institute (DHPI), organización de investigación patrocinada por la Conferencia Episcopal de África Meridional (SACBC), sobre las acciones de acaparamiento de tierras a costa de las poblaciones locales en el territorio de la archidiócesis de Gulu, en el norte de Uganda.
Este fenómeno se produce desde hace varios años. Por ejemplo, un informe de 2012 de la ONG Oxfam, denunció la deportación de decenas de miles de personas de sus tierras, mientras se registraron casos de uso de herbicidas para obligar a los agricultores a abandonar sus tierras.
La pandemia de Covid-19 ha agravado el panorama en el último año. “El abuso se ha intensificado durante la pandemia de Covid-19. La pandemia ha dado a muchos la ventaja de acceder fácilmente a millones de hectáreas de tierra con el apoyo del gobierno y de políticos influyentes del país”, dice el DHPI. Esto se debe a que “la pandemia se ha utilizado como cortina de humo para obligar a los agricultores a abandonar sus tierras. Se han desplegado soldados durante el encierro impuesto para detener la pandemia, obligando a la gente a abandonar sus hogares quemando las casas y deteniendo a los que se han opuesto”.
El Denis Hurley Peace Institute cita ejemplos como el de un antiguo comandante del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) que habría expulsado a toda una parroquia católica en la aldea de Apaa. La zona se ha convertido en un coto de caza.
“El acaparamiento de tierras conduce a la degradación del medio ambiente”, señala el DHPI. “Se ha talado un gran número de árboles de karité. Una de las zonas donde los árboles han sido diezmados es el subcondado de Adilang, donde ahora acampan cerca de 500 personas procedentes de diferentes partes del país”.
“La falta de concienciación internacional sobre la deportación forzosa y la destrucción del medio ambiente durante el cierre de Covid-19 ha agravado el problema. Las élites ricas violan los derechos de los pobres al quedarse con sus tierras. El gobierno no hace nada al respecto. Por el contrario, promueve estas actividades. La situación de la degradación de la tierra y el medio ambiente en Uganda se mantiene oculta”, concluye el Denis Hurley Peace Institute.
(L.M.) (Agencia Fides 20/5/2021)
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