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Buenos Aires (Agencia Fides) - "A causa de la deuda externa, se impone a las naciones condiciones para asistir a la familia orientadas a la adopción de la contracepción, aborto, eutanasia, y del "matrimonio" entre personas del mismo sexo. Ha sido unánime la conclusión de lo que se encuadra en un diseño de política global dirigida a eliminar el orden natural y a edificar uno nuevo, en función de intereses supranacionales". Es cuánto se lee en la nota enviada a la Agencia Fides por los organizadores del Congreso Internacional por la Vida y la Familia que ha tenido lugar del 17 al 19 de junio en Buenos Aires, con la participación más de 300 delegaciones de ONG Provida, procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Paraguay, Perú y Uruguay. El tema era "Una iniciativa de la cultura de la vida frente la cultura de la muerte."
Como conclusión de los trabajos, los participantes en el Congreso han hecho público el documento titulado "Declaración de Buenos Aires", en el que se sintetizan las principales temáticas afrontadas. En el documento, se denuncian claramente las presiones ideológicas y políticas que tienen el objetivo de subvertir el orden natural con la tentativa de legalizar modelos aberrantes y antinaturales de familia: "El relativismo ético y moral y el positivismo jurídico, subvierten el sentido y la presencia de las verdades de orden natural, por medio de leyes y proyectos inicuos sobre el control de la natalidad, sobre la legalización del aborto quirúrgico y el aborto farmacológico, sobre la fecundación artificial y la destrucción de embriones que esta conlleva consigo, sobre la esterilización quirúrgica, la eutanasia, la desaparición del concepto de patria potestad, sobre todo por lo que se refiere a la sexualidad de los menores de edad y a otras iniciativas que violan la dignidad de la persona humana y la familia". La Declaración afirma "que la cultura de la muerte está promovida activamente por el Estado, con una inocultable intención de abrogar las leyes que protegen efectivamente la familia y la vida del ser humano, desde su concepción hasta la muerte natural."
Frente a este panorama preocupante se afirma que "la vida humana es inviolable y no es manipulable, y por lo tanto, bajo ningún pretexto se puede someter a manipulación, experimentación, comercialización, violencia o destrucción". Toda persona merece la respeto de su integridad física, psicológica, social y espiritual, y goza de derechos individuales desde su concepción hasta el momento de la muerte natural. La familia "es una institución natural, precedente al Estado, núcleo central de la sociedad civil, comunidad natural de vida basada en el matrimonio que debe ser respetada y protegida por el Estado". Además se recuerda que "los padres, como primeros responsables de la educación de los hijos, tienen mayor derecho a elegir su educación, según el orden natural y la fe religiosa, incluidos los temas relacionados con la sexualidad. El Estado, por consiguiente, "tendrá que proveer responsablemente a la educación en forma subsidiaria, respetando los principios, las creencias y los valores de la familia". Los gobernadores y políticos deben promover y respetar todos los derechos naturales de la persona y la familia.
Se subraya después el compromiso de los grupos y asociaciones que firman el documento, a "incrementar la oposición pública y formal a los planes y a las políticas elaboradas fuera de las fronteras nacionales, con la finalidad de edificar un orden social injusto y funcional a intereses que sólo tratan de imponer como método la sustitución de la fe y la demolición de los valores que dieron origen a nuestras Patrias". Se invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a duplicar los esfuerzos para globalizar la Cultura de la Vida y enterrar, de modo definitivo, la cultura de la muerte "que se quiere imponer mascarada como derecho". (RZ) (Agencia Fides 24/6/2005, Líneas: 47 Palabras: 671)
