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Kinshasa (Agencia Fides) - No ha las operaciones militares con resultado incierto que causan muerte y sufrimiento a la población civil; sí a las reformas políticas en el Congo y en países vecinos y a un sistema de certificación de los minerales para evitar que su exportación financie los grupos armados locales. Lo afirma la red “Paz para el Congo”, patrocinada por los misioneros que trabajan en el país, en un detallado análisis enviado a la Agencia Fides de la operación militar Kimya II llevada a cabo por los militares del Congo con el apoyo de la MONUC (Misión de Naciones Unidas en el Congo) contra las FDLR en Kivu del Norte, al este de la República Democrática del Congo. Las FDLR (Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda) son el grupo al que se atribuye la responsabilidad primordial de la inestabilidad en esta región de Congo. Por meses, el ejército congoleño y la MONUC están llevando a cabo la operación Kimya II para obligar a todos los pertenecientes a las FDLR a rendirse y regresar a Rwanda. Según los misioneros el análisis efectuado por expertos independientes a la operación es “muy diferente de la versión oficial que habla de éxito militar, de objetivos conseguidos, de restauración de la autoridad del Estado y de restauro de la paz”.
Las ONG que participan en la Congo Advocacy Coalition, han declarado que la operación militar Kimia II está comportando unos costes inaceptables para la población civil y que sus consecuencias sobre la situación humanitaria y los derechos humanos son simplemente desastrosas. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, ha afirmado que, bajo el aspecto de los derechos humanos, la operación ha tenido consecuencias catastróficas. “Por último, se comienza a decir claramente que el daño colateral (cientos de miles de desplazados, miles de casos de violación, cientos de aldeas quemadas por completo, por lo menos un millar de victimas civiles, las represalias, movimientos de las FDLR hacia el interior de la selva congoleña, ...) son muy superiores a los resultados obtenidos (pocos combatientes de las FDLR desarmados y repatriados a Ruanda)” afirma “Paz para el Congo”.
“Si uno de los objetivos de Kimya II es alejar las FDLR de los sitios mineros, en vista de impedirles el acceso a fuentes de autofinanciamiento, parece que la operación en curso sea, de este punto de vista, desastroso, del momento en que, una vez alejados de ciertos sitios mineros, las FDLR regresan sucesivamente, porque ni el gobierno congoleño, ni el MONUC logran mantener el control” afirman los misioneros que proponen una solución no militar. “En lugar de invertir tantos medios financieros en una operación militar de resultado incierto, se podrían emplear esos mismos recursos financieros para operaciones de monitorización y control de las fronteras, de los centros de adquisición y exportación, de los aeropuertos, de la red vial, de las vías fluviales y lacustres a través de las cuales se realiza el comercio ilegal de los minerales del Kivu. Resulta por lo tanto importante acelerar, en los procedimientos jurídicos y administrativos, la introducción de un código de certificación de origen de los recursos mineros, para evitar las exportaciones que puedan financiar grupos armados (ver Fides 30/4/2009 y 7/11/2009). Tales medidas contribuirían no sólo a la solución del conflicto, sino también a la reglamentación del sector minero y prepararían las bases para un mayor desarrollo económico y comercial de la región”.
“Son muchas las posibilidades que podrían devolver la paz al Kivu y a la RDC. Sólo bastaría una pizca de voluntad política y, sobre todo, dejarse interpelar del sufrimiento del pueblo” concluyen los misioneros. (L.M.) (Agencia Fides 19/11/2009)
