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Jartum (Agencia Fides) – Dos crisis africanas se encuentran en el centro de la atención de la comunidad internacional que sin embargo se muestra dividida sobre los modos de resolverlas. Después del veto ruso y chino a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer nuevas sanciones, más duras, al régimen de Mugabe en Zimbabwe, las decisiones del Procurador general ante la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, de pedir el nuevo envío a juicio del Presidente sudanés Omar al Bashir está suscitando reacciones contrastantes.
Bashir ha sido acusado de genocidio, crímenes de guerra contra la humanidad de los que habría sido responsable en los últimos cinco años en el Darfur. Tres jueces de la audiencia preliminar de la Corte deberán decidir en los próximos meses si las pruebas presentadas por el público ministerio constituyen una base razonable para pasar al arresto del Jefe de Estado sudanés.
Sudán ha rechazado las acusaciones y ha declarado no reconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional. Las Naciones Unidas, temiendo retorsiones contra los propios funcionarios, han hecho regresar al personal no indispensable que trabaja en el país. La misión militar conjunta en el Darfur de la ONU y de la Unión Africana (UNAMID) anunció la “suspensión por tiempo indeterminado” de sus actividades como forma preventiva ante el riesgo de una eventual oleada de violencias.
Los países africanos se muestran muy preocupados: la Unión Africana ha pedido a la Corte suspender cualquier decisión sobre el eventual arresto de Bashir “hasta que no hayamos resuelto los principales problemas en Darfur y en el sur de Sudán”, temiendo un “golpe militar y la anarquía como sucedió en Irak” si el Presidente Bashir es arrestado. La Liga Árabe convocó el 19 de julio una reunión extraordinaria de los Ministros del Exterior de los 22 países adherentes, acogiendo un pedido de Sudán, apoyada por Egipto, Siria, Arabia Saudita, Libia y la Autoridad Nacional Palestina. También la Organización para la Conferencia Islámica ha expresado una “profunda preocupación” por la decisión del Procurador general pidiendo el nuevo juicio del Presidente sudanés.
Mientras el Ministro del Externo francés, Bernard Kouchner ha expresado su apoyo a la Corte, se muestra paradójica la posición de los Estados Unidos. Washington no ha adherido a la Corte Penal Internacional pero está trabajando desde hace tiempo para denunciar las violencias cometidas contra la población civil de Darfur. Por el momento la Administración estadounidense se ha limitado a expresar “preocupación” y ha invitado a todas las partes a la calma. Washington, como también el Secretario General de la ONU, Ban ki Moon, temen sobre todo eventuales represalias en contra de las poblaciones de Darfur, ya probadas por 5 largos años de guerra civil.
Como en el caso de Zimbabwe, en la crisis sudanesa están en juego los intereses económicos de diversas potencias y el poder de las comunidades internacionales de intervenir en los “asuntos internos” de los Estados, cuando se dan graves violaciones de los derechos humanos. La eventual recriminación de Bashir, Jefe de Estado en funciones, crearía un importante precedente, ciertamente no querido por diversos colegas suyos. (L.M.) (Agencia Fides 15/7/2008 líneas 37 palabras 517)
