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Guatemala (Agencia Fides) – “En estos momentos tan difíciles para los migrantes y sus familiares pedimos a Dios, que ilumine las mentes y corazones de los gobernantes que han tomado posturas insolidarias para que brinden un trato humano y digno a los migrantes”, se lee en el comunicado emitido por la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala ante las acciones y decisiones recientes tomadas por la Comunidad Europea y por los Estados Unidos contra los inmigrantes.
Los Obispos expresan en primer lugar su “solidaridad, apoyo moral y espiritual a todos aquellos migrantes que sufren en estos momentos las persecuciones, redadas y deportaciones en Estados Unidos” así como a “quienes con desesperanza están a las puertas de sufrir leyes y políticas xenófobas y violatorias a Derechos Humanos Fundamentales en la Unión Europea”. Como Iglesia muestran su preocupación por el hecho de que dichas naciones hayan optado por “disposiciones represivas e incriminatorias contra miles de indocumentados que en la clandestinidad aportan a la economía de los países de origen y destino”. Rechazan además las redadas y deportaciones masivas de guatemaltecos provenientes de Estados Unidos y México, pues “dichas actitudes de hostilidad y persecución no solucionan en nada la problemática migratoria, son acciones contraproducentes e inhumanas”.
Consideran los Obispos que ante dicha situación urgen ante todo “medidas gubernamentales necesarias para la reinserción de los trabajadores deportados y un programa verdadero de Recepción, Atención e Integración Social y Laboral de los Guatemaltecos deportados”.
En el caso de la propuesta de “Directiva Retorno” que se está debatiendo en la Unión Europea, consideran que dicha iniciativa “es excesivamente restrictiva y no ofrece garantías suficientes para el respeto de los Derechos Humanos de los migrantes, puesto que se establecen procedimientos como la posibilidad de ser detenidos incluso hasta 18 meses en centros de internamiento para extranjeros (sin haber cometido ningún delito judicial)”. Así mismo se establece en dicha normativa que “una vez descubiertos” los inmigrantes en su clandestinidad, se les fijará un plazo entre 7 y 30 días para abandonar el país voluntariamente”. Los emigrantes que hayan sido expulsados “sufrirán una prohibición de hasta 5 años de duración para entrar legalmente a territorio de la Unión Europea”.
Ante esta situación los Obispos de Guatemala realizan un llamamiento “a la reflexión a las naciones miembros de la Unión Europea, a los Estados Unidos y México a que actúen solidariamente sin perjuicio de los migrantes que motivados por razones extremas (pobreza, desempleo, inseguridad, desastres naturales, guerra, entre otras) han salido de sus propias naciones para sobrevivir y salvaguardar su integridad física”. Así mismo piden a los emigrantes que “sean fuertes ante tales embates y que permanezcan en unión y solidaridad para luchar ante tales adversidades”. Al gobierno de Guatemala se le pide que “reaccione con posturas y políticas verdaderas de atención inmediata a los deportados”. Y por último, a la Comunidad Centroamericana y al Sistema de Integración Centroamericana –SICA- para que “adopten posturas comunes y enérgicas ante las disposiciones de la Comunidad Europea, para que juntos y en atención a los intereses comunes puedan incidir y llamar a la reflexión como bloque a la Unión Europea, sobre tales actitudes contra los migrantes”. (RG) (Agencia Fides 4/7/2008)
