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Manila (Agencia Fides) - Con ayuno y oración, diversas comunidades, asociaciones y grupos católicos filipinos han lanzado iniciativas espirituales para invocar la ayuda de Dios y sensibilizar la conciencia de los fieles en favor del bien común, el buen gobierno, las reformas electorales y el fin de las dinastías políticas en Filipinas.
Entre los problemas que marcan la actual escena política figuran el intento de destitución de la vicepresidenta Sara Duterte -recientemente bloqueado por el Tribunal Supremo y archivado por el Senado-; los llamados «proyectos fantasma» de control de inundaciones en todo el país; la concesión de licencias a multinacionales para la explotación minera en territorios de gran valor natural; y el persistente fenómeno de la corrupción.
En este contexto, el padre Robert Reyes, de la diócesis de Cubao y miembro del grupo ‘Clergy for Good Governance’ (CGG), ha guiado una ceremonia penitencial en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, junto con otros sacerdotes. Allí han reafirmado su compromiso con «la moralidad en el servicio público» y, portando imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen María, han caminado hasta el Senado «para ayunar, rezar y pedir un verdadero cambio». Los presentes solicitaron además la revisión de la decisión del Tribunal Supremo y del Senado que bloqueó el proceso de destitución de Duterte.
El grupo ha organizado una semana de oración para que «los funcionarios del Gobierno, en particular senadores y jueces, defiendan la verdad y la justicia por el bien de la nación». El movimiento ‘Clergy for Good Governance’, impulsado en noviembre de 2025 en Cubao por 12 obispos y 211 sacerdotes, han afirmado en una carta pública: «Como profetas y pastores de la Iglesia queremos defender lo que es justo, lo que es verdadero y lo que promueve el bien común». «En estos tiempos difíciles, en los que se distorsiona la verdad y se amenaza la justicia, estamos llamados no solo a hablar, sino también a rezar, ayunar y ofrecernos por el bien de nuestro amado país».
El CGG también lamenta que «la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha herido la confianza de nuestro pueblo en las instituciones democráticas. Mientras que la sociedad civil protesta abiertamente, nosotros del clero, estamos llamados a dar una respuesta más profunda, arraigada en la fe, la penitencia y el sacrificio», subrayan.
A las iniciativas se han sumado también el ‘Instituto de Estudios de la Iglesia y la Cultura Asiáticas’ (Isacc) y el grupo ‘Church Café’, que han organizado encuentros de oración. Además, instituciones académicas católicas como la ‘Ateneo School of Government’ y la Universidad De La Salle han expresado su apoyo.
En semanas recientes, Cáritas Filipinas había instado a las instituciones a mostrar «valor moral, máxima integridad y un fuerte compromiso con el Estado de derecho», pidiendo mantenerse firmes en «la justicia y la responsabilidad, basadas en la compasión y la verdad», siempre en favor «del bienestar del pueblo, en particular de los pobres, marginados y de quienes no tienen voz».
También la Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Superiores Mayores de Filipinas se ha unido a organizaciones de la sociedad civil, reiterando que «guardar silencio ante la corrupción significa participar en el pecado». En un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes, señalan: «No dejéis que el engaño venza. No creáis que la honestidad es inútil. No perdáis la esperanza en el futuro de nuestra nación. Este es el testimonio de nuestra vida consagrada y la misión que no podemos abandonar».
En julio de 2025, el Tribunal Supremo declaró por unanimidad inconstitucional la destitución de Sara Duterte, que había sido aprobada en febrero por la Cámara Baja. Posteriormente, 19 de los 24 senadores votaron por archivar los cargos. Duterte, de 47 años e hija del expresidente Rodrigo Duterte, había sido acusada de malversación de fondos públicos y de conspirar para asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr.
El mundo católico filipino ha pedido que se prosigan las investigaciones sobre la vicepresidenta. Tres sacerdotes y dos laicos han presentado una moción ante el Tribunal Supremo solicitando la revisión de la sentencia. Los grupos exigen, además, esclarecer si el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. es responsable de la corrupción y de la malversación de fondos destinados a proyectos de control de inundaciones -cuya falta de ejecución ha provocado desastres en varias regiones-, así como una investigación independiente sobre el sistema de sobornos en la concesión de licencias para proyectos mineros a gran escala que amenazan a comunidades indígenas y al patrimonio natural del país.
(PA) (Agencia Fides 30/8/2025)
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